Obligada transparencia

La decisión de la junta directiva de la SGAE de confiar la gestión de la misma a una 'junta rectora es la medida mínima que el equipo recientemente electo debía adoptar tras conocerse el auto del juez Pablo Ruz. Pero las tareas encomendadas a dicha junta rectora no parecen ni las más adecuadas ni consistentes, y el paso dado tampoco resulta suficiente respuesta ante las sombras que arrastra la SGAE. Hubiese sido más oportuno que la SGAE se pusiera expresamente al servicio del juez-instructor Ruz, asumiendo que la investigación más rigurosa y garantista será la que desarrolle la Audiencia Nacional y evitando interferir en la marcha de la misma con la elaboración de un dossier propio. Además, la junta directiva de la SGAE no precisaría mucha más información que la contenida en el auto del juez Ruz para decidir personarse en la causa. De hecho la citada junta realizó ayer su propia interpretación del auto al «apartar de la Dirección de Sistemas» a Rodríguez Neri, al solidarizarse únicamente «con las personas y las familias del presidente y de los directores que han sido puestos en libertad sin que el fiscal haya solicitado para ellos medidas preventivas» y al dejar «en suspenso cualquier nombramiento»; de modo que el hasta ahora presidente Teddy Bautista quedaría, al parecer, «a disposición» de los seis gestores. La junta rectora de los nuevos electos no solo está obligada a demostrar que se encuentra en disposición de tomar efectivamente las riendas de la sociedad, despejando todo equívoco sobre el futuro papel del presidente y de los directores citados por el juez Ruz. Recae sobre ella la responsabilidad de sacar a la luz pública el funcionamiento de la SGAE, explicando de qué modo administrarán los intereses de sus asociados frente a los derechos de los demás, y admitiendo que ninguna organización legalmente constituida puede sustraerse a los requisitos de transparencia y democracia interna. La actuación del directivo apartado de sus funciones durante las últimas elecciones en la SGAE y, sobre todo, el hecho de que esta sociedad se rija por un sistema electoral mayoritario y no proporcional constituyen dos de los aspectos que precisarían mucho más que una aclaración evasiva por parte de sus nuevos gestores.