El PP acusa a Empleo de nombrar a cargos de confianza de forma ilegal

El PP pedirá a la Cámara de Cuentas que fiscalice e investigue la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la Consejería de Empleo, por entender que el Gobierno andaluz utiliza este organismo como «cauce ilegal» para dotarse de más puestos de confianza de lo que permite la ley. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, expuso ayer que el PSOE acude a las asesorías externas y la cesión de empleados como fórmulas para incrementar el personal de confianza. «Engaña sobre el número de cargos de confianza para colocar a socialistas al servicio de la Administración», dijo ayer.

Sanz mencionó expresamente los casos de dos cargos de confianza del consejero de Empleo, Manuel Recio, quien «tiene en su Gabinete a dos externos contratados por la Faffe: uno es el líder de las Juventudes Socialistas, Juan Carlos Ruiz, y otra es una asesora almeriense cuyo contrato con la Faffe es de mayo de 2010, coincidiendo con la llegada al cargo del consejero». Según Sanz, que también mencionó al diputado Ramón Díaz y al sobrino del ex director general de Trabajo, Juan Márquez, como contratados por este método como cargos de confianza, el Gobierno socialista «incrementa de forma fraudulenta y con procedimientos irregulares» el personal «a dedo de las consejerías».

Sanz expuso la denuncia del PP sobre la Faffe como un ejemplo más de la arbitrariedad con la que, según el PP, gestiona el Gobierno de Griñán al sector empresarial público. Sanz recordó ayer que al menos hay un centenar de sentencias de los tribunales contra resoluciones de la Junta sobre el sector público empresarial en los últimos cinco años que demuestran una actuación permanente «fuera de la ley».

Sanz puso como ejemplo el último varapalo judicial, la sentencia del Tribunal Supremo que anula la contratación de 34 puestos de libre designación por parte de la Consejería de Economía y Hacienda.

El dirigente del PP defendió la denuncia del PP sobre los ERE al Tribunal de Cuentas y acusó a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, de «frivolidad» por decir que el PP ningunea a las instituciones andaluzas. Sanz recordó que pidió y se le rechazó por el PSOE varias veces que la Cámara de Cuentas investigara al IFA (luego IDEA) y que el organismos estatal tiene jurisdicción contable sobre posibles delitos, y el andaluz, no.

Precisamente la Cámara Andaluza de Cuentas aclaró ayer que investiga los ERE desde junio por mandato del Gobierno y del Parlamento y también va a hacerlo con el IFA, el organismo a través del cual se pagaron las prejubilaciones, 72 de ellas falsas.