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PARQUE SUR

Urbe 2000 abonará las cantidades que cobró en dinero negro

Un acuerdo entre las partes ha propiciado el sobreseimiento de la causa

ALMUDENA DOÑA
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La docena de denunciantes del 'caso Parque Sur' ha llegado esta manaña a un acuerdo con la defensa de los siete imputados que ha propiciado el sobreseimiento de la causa. Después de dos horas de negociación, las partes han concluido que los responsables de Urbe 2000 abonen las cantidades de dinero en negro que en su momento pidieron a los propietarios de las VPO para el uso y disfrute de zonas comunes, y cuyo montante total ronda los 50.000 euros. Con ello, perjudicados y acusados han respirado aliviados reconociendo cumplido su objetivo de reembolsarse el dinero abonado, en el primero de los casos, y de archivar el procedimiento desestimando la existencia de delito alguno, en el segundo.

«Mis representados lo que querían era que los absolvieran y así ha sucedido –explicó Manuel Hortas, abogado de tres de los imputados–. Están muy contentos, después de haber padecido años de angustias y pasarlo muy mal». En la misma línea se expresó el letrado de algunos de los demandantes, Eduardo Herrero Cosano, afirmando que sus clientes «están muy satisfechos porque han conseguido lo que pretendían». A pesar de haber alcanzado un acuerdo, con posterioridad al mismo la Sección Octava de la Audiencia Provincial celebró esta mañana un juicio que no dejó de ser un puro trámite y apenas duró diez minutos, en el que el representante legal de la Junta de Andalucía se sumó a la petición del fiscal de absolver a todos los acusados, solicitando el sobreseimiento. Los abogados de los denunciantes retiraron a su vez la acusación, por lo que la magistrada titular del órgano, Lourdes Marín, decretó el archivo de la causa.

Como se recordará, los demandantes acusaban a Urbe 2000 de un presunto delito de estafa, al haberles cobrado en dinero negro ciertas cantidades por utilizar zonas comunes. El Ministerio Fiscal, sin embargo, siempre abogó por no ejercer la acusación, argumentando que los propietarios ya habían sido advertidos de esa «treta» con anterioridad de la firma de los contratos y que ello no constituía delito alguno.