Detenida la cúpula de la SGAE

Golpe policial y judicial al corazón de la Sociedad General de Autores, la SGAE. La Guardia Civil detuvo ayer al presidente de la entidad, Eduardo, 'Teddy', Bautista, y a ocho directivos de la gestora y familiares, acusados de haber desviado durante años dinero del polémico canon digital a sus propios bolsillos a través de un entramado de empresas 'pantallas' que cobraban por trabajos que no realizaban. En el epicentro del supuesto fraude, que podría alcanzar varios cientos de miles de euros, está la Sociedad Digital de Autores de España (sDAE), una mercantil propiedad al 99% de la SGAE, y su actual director general José Luis Rodríguez Neri, un hombre de absoluta confianza de Bautista.

Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado y de la Fiscalía Anticorrupción, el fraude se habría realizado durante años a través de la empresa Microgénesis, una firma dedicada a aplicaciones informáticas especializadas en derechos de autor y consultoría, que además es la principal contratista de la sDAE y una de las empresas que da servicios informáticos a la SGAE. Las sospechas de la Guardia Civil apuntan a que esta firma -que desarrolla para la SGAE sus más importantes aplicaciones, como el sistema de gestión Teseo, la Central Digital, que comercializa contenidos musicales en Internet o la web de Portal Latino- facturó a ambas sociedades por actuaciones que jamás prestó.

La última fase de la 'operación Saga' se desató poco antes de las 11.00 horas, cuando medio centenar de agentes de la unidad económica del instituto armado, funcionarios de la Agencia Tributaria y personal de la Intervención General del Estado irrumpieron en la sede central de la SGAE en la calle Fernando VI de Madrid, el famoso palacio modernista de Longoria, para intentar recuperar las facturas de esos servicios que nunca llegaron a realizarse. Al cierre de esta crónica, el registro de la sede continuaba.

Los agentes, por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 5, Pablo Ruz, también irrumpieron en otros seis inmuebles (oficinas y viviendas particulares) en Madrid y Caños de Meca. En este último municipio, allanaron una casa de Rodríguez.

Los funcionarios también pidieron al juez autorización para bloquear varias cuentas bancarias relacionadas con Bautista, Rodríguez y los otros siete sospechosos arrestados. Se trata de Enrique Loras, director general de la SGAE; Ricardo Azcoaga, director económico y financiero de la sociedad; los directivos de Microgénesis Rafael Ramos Díaz, Eva García Pombo y Celedonio Martín; y la mujer y la cuñada de Rodríguez Neri, María Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente.

Ruz, que en principio acusa a la trama de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, en realidad retomó una investigación que judicializó en marzo de 2010 su antecesor, Baltasar Garzón. No obstante, Anticorrupción y Guardia Civil venían investigando a la sDAE y a Microgénesis desde hace tres años y medio. El 17 de noviembre de 2007, la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon presentaron ante la Fiscalía una denuncia en la que ya revelaban que Microgénesis y otra empresa llamada Coqnet, ajenas en principio a la SGAE, compartían en realidad sede social y directivos con la sociedad de los autores.

Microgénesis

En aquella querella, los colectivos ya descubrían que Rodríguez Neri, expresidente y exconsejero delegado de Microgénesis, había pertenecido a la Junta Directiva de la SGAE entre 2000 y 2007. La denuncia apuntaba que «el reparto de las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la sDAE (incluido el canon digital) se realiza en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios». De hecho, responsables de la investigación confirmaron que los principales perjudicados de la trama serían precisamente los autores y la propia SGAE que habría dejado de percibir «importantes cantidades» por los derechos de autor y que acaban en el entramado societario. Es por ello que no se investiga un delito fiscal, sino ilícitos societarios y contra el patrimonio. Estos mismos mandos de la Guardia Civil insistieron en que en ningún caso está bajo sospecha el polémico sistema de recaudación de canon de la sociedad.

Los agentes apuntan a que Teddy Bautista, que hasta el pasado jueves y durante 16 años ha controlado de manera férrea la SGAE, no podía estar al margen del millonario desfalco y del desvío de dinero a las empresas de su hombre de confianza. Tanto Bautista como los otros ocho detenidos pasarán a disposición judicial en breve. Según fuentes del caso, probablemente hoy el juez Pablo Ruz interrogue a los primeros arrestados.

La SGAE, que todavía el pasado miércoles negaba tajantemente en un comunicado ser objeto de investigación, ayer, en otra nota pública dijo confiar en la inocencia de sus directivos a la espera «conocer el sentido de las investigaciones y registros» que la Guardia Civil. La entidad dijo estar «sorprendida» por la redada y por el hecho de que la operación se haya desatado un día después de que se celebrasen las elecciones a la Junta directiva de la entidad.