El Ejecutivo liga al PIB el techo del gasto estatal y municipal

El Gobierno dio un paso adelante ayer en su afán por acotar el gasto de las administraciones públicas. El Consejo de Ministros aprobó una reforma de la ley general de Estabilidad Presupuestaria que establece un tope para los desembolsos del Estado y de las entidades locales de mayor envergadura, vinculado a la evolución del PIB. El objetivo es lograr que el superávit atesorado en años de bonanza, en vez de dilapidarse, se ahorre para compensar eventuales déficit futuros.

La norma, que afectará al Estado, a los 90 ayuntamientos más importantes, a las 38 diputaciones provinciales y a los cabildos insulares, fija un máximo de gasto que debe ajustarse a la evolución de la actividad en un ciclo de nueve años. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el porcentaje de incremento de los pagos será la media del crecimiento del PIB en los cinco años anteriores, el año en curso y la previsión para los tres siguientes. A la cantidad obtenida se le sumará el 1,75% de eventual inflación, tasa inferior al 2% que el BCE considera el límite de estabilidad de los precios. «Con ello construyes el gasto máximo que puede tener un ayuntamiento», zanjó el vicepresidente.

La nueva regulación prevé que cuando el Gobierno apruebe cambios normativos que acarreen aumentos de recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá crecer en la cuantía equivalente. Si ocurre lo contrario y se aprueban reformas que supongan una minoración de los ingresos, el gasto tendrá que rebajarse en la misma proporción.

El Ejecutivo pretende así garantizar el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Rubalcaba avanzó su intención de lograr un «acuerdo político» para instaurar una regla similar para las autonomías en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a finales de julio.

La administración que gaste más de la cuenta deberá adoptar medidas para volver a la senda fijada.