Y después del follón, ¿qué?

El pasado miércoles, 22 de junio, cincuenta personas se concentraban frente al domicilio de Álvaro, en el barrio vallisoletano de Pajarillos. Algunos habían decidido encadenarse a la puerta del inmueble. Todos gritaban: «Tenemos derecho a tener un techo» y consignas similares. El juzgado había dictado orden de desalojo contra Álvaro, un albañil en paro que llevaba 18 meses sin pagar la hipoteca, y casi veinte agentes policiales llegaron para sacar al antiguo propietario de su domicilio. Ante el revuelo montado, el desalojo se aplazó hasta el 15 de julio. Pero los problemas de Álvaro no han terminado.

Al vallisoletano ya le habían subastado la vivienda y además le exigían pagar 100.000 euros (50.000 a él y 50.000 a su exmujer) para quedar en paz con el banco. Álvaro está divorciado y tiene dos hijas, de trece y cuatro años. Compró el piso en la época de las vacas gordas, cuando los perros se ataban con longanizas, y lo arregló a su gusto: colocó parqué de pino, instaló una bañera de hidromasaje... Hasta que, casi de repente, se quedó sin trabajo y sin dinero, asfixiado por el volumen de su hipoteca.

Según él mismo contaba, había reclamado a los bancos una moratoria en el pago hasta que encontrara trabajo. Una solución idéntica a la que ayer propuso la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), pero que las entidades financieras no miran con simpatía. Álvaro incluso había pensado en alquilar algunas habitaciones e ingresar directamente la renta en el banco acreedor. «Cualquier cosa antes que verme en la calle, bajo una caja de cartón», decía.

La ejecución hipotecaria siguió adelante y desembocó en una orden de desalojo. Solo la presión vecinal ha impedido que Álvaro duerma estos días al raso, en un albergue o acogido por algún familiar misericordioso. Cada vez hay más gente en su situación y el movimiento 'Stop Desahucios' no da abasto. Ayer, los indignados inmobiliarios frenaron un nuevo desalojo en Málaga. La orden se había dictado contra Alicia, una mujer de 32 años, en paro y madre de tres hijos. Como a Álvaro, el banco no se conformaba con subastar la casa de Alicia: además, le exigía el pago de 83.000 euros. Otra persona, un hombre de 61 años que iba a ser desahuciado el lunes de su piso de alquiler en Camarma de Esteruelas (Madrid), acudió a una asamblea del movimiento 15-M. Era compositor, no tenía trabajo y llevaba un año sin pagar la renta. Los indignados acudieron a su domicilio, se metieron todos en su casa y al menos consiguieron ganar tiempo.

De dueño a inquilino

¿Qué ocurre cuando se paraliza un lanzamiento judicial? «Al impedir un desalojo, buscamos una moratoria que nos permita llegar a soluciones con los bancos», explica Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Una de ellas es entregar el piso, pero dejar a los inquilinos que sigan en régimen de alquiler, pagando una cantidad accesible. Con eso evitamos el desalojo de la familia y además mantenemos un piso ocupado que reporta ingresos para la entidad bancaria. Y exigimos, por supuesto, la condonación de la deuda hipotecaria de esa familia».

Claro que también puede suceder que el banco no se avenga a razones humanitarias. No tiene por qué: la ley está de su parte y el cliente ya sabía lo que firmaba cuando suscribió la hipoteca. «Entonces acudimos a las Administraciones Públicas -indica Lucía Delgado-. Ese piso está en un municipio y en una comunidad autónoma. Y los poderes públicos deben reasignar un realojo digno a esa familia expulsada».