Un Ministerio de Trabajo sin autoridad moral

El pasado 26 de mayo, el Boletín Oficial del Estado nos sorprendía con una Orden del Ministerio de Trabajo declarando incompatible la prestación de Jubilación del Sistema de la Seguridad Social con el ejercicio propio de los profesionales colegiados. Es decir, a más de quinientos mil profesionales de diversos colectivos les cerraban unos derechos reconocidos por su cotización de años al sistema público de pensiones y todo porque al ejercer libremente su profesión y acogerse a su Mutualidad privada, el referido Ministerio y bajo la tutela de que el Sistema de pensiones podía tambalearse, aplicaba la incompatibilidad desde el 1 de julio de 2011, lo que conlleva un recorte más de los muchos habidos por la negligente y nefasta gestión de un ejecutivo sin horizontes.

Esta controvertida Orden Ministerial, que incluso ya se ha presentado recurso contra la misma, se ha ido al traste por una enmienda transaccional pactada por el Grupo Socialista con CIU y PP en el Congreso el pasado día 22 de junio, todo ello, en base al trámite parlamentario del Proyecto de Ley de modernización de la Seguridad Social, la cual permite la compatibilidad nuevamente de lo que con la citada Orden se negaba por el ministro Valeriano Gómez. Es decir, 'donde dije digo, digo diego'. Y todo un Estado de Derecho se pone a los pies de una nueva inseguridad jurídica. No se comprende los bandazos de un Gobierno que sólo corrige por imperativo y presión de los votos de la oposición, pues toda la oposición junta, en cualquier momento, deja sin efecto todo aquello que se le ha ocurrido a un Ejecutivo que hace aguas por todas partes.

Ahora, la Orden Ministerial aludida, puede que entre en vigor el 1 de julio, salvo que antes de esa fecha, dentro de unos días, el propio Ministerio se retracte de lo que ha publicado, pues de lo contrario, una vez que entre en vigor, tras su pase por el Senado el Proyecto de Ley de modernización de la Seguridad Social, volveremos a tener pensionistas de primera y pensionistas de segunda, lo que pone en entredicho a un ministro como es el de Trabajo que en menos de un mes se cargan toda una artillería que contra los profesionales colegiados había establecido.

Esto no es serio. El BOE no puede estar para publicar antojos y caprichos que sin estudio serio impongan normas que perjudiquen al interés general. Este país llamado España tiene con estas medidas y decisiones tan poca credibilidad que a cualquier estudioso del Derecho le hace pensar que la normativa y cuanto legislan Las Cortes es una auténtico juego de niños, donde el papel todo lo admite. Esto, por desgracia, es un Estado de inseguridad jurídica sin precedente, pues no se comprende cómo en menos de un mes una Orden Ministerial que afectaba a quinientos mil profesionales, ahora por el temor de no sé qué, se derogue en otro foro porque las enmiendas aprobadas tienen mayor rango de los que el propio ministro ha publicado en la Orden de 23 de mayo de 2011. Seguro que Europa nos ve como aquel juguete que hoy te lo doy y mañana te lo quito, pero para llegar hasta aquí y hacer tantas barbaridades jurídicas es mejor que el Gobierno se mantenga calladito, aguante el tirón y espere a que alguien con sentido común ponga orden y concierto en todas aquellas decisiones que en estos últimos años se están tomando. Tenemos un ministro sindicalista que su única obsesión ha sido atacar a los colegios profesionales, por eso de que somos 'corporativistas' y pertenecemos a Corporaciones de Derecho público, pero olvida o desconoce que los colegios profesionales forman parte de la Constitución Española, donde su artículo 36 los contempla y reconoce, por lo que al Sr. ministro le acaban de atizar un varapalo desde Las Cortes y por vergüenza torera debería esconderse y no asomar ni el bigote. No se puede ser pirómano antes de ser Ministro y seguir siéndolo después, olvidando que una cartera como es la de Trabajo debería no sólo respetarla sino que se hiciera respetar y aquí y en este asunto le quiero recordar, D. Valeriano, que ha hecho usted un auténtico ridículo, por lo que su Gobierno sigue con el vergonzoso título de 'reformista a palos'.

Así y con este ejemplo no vamos a ningún lado.