El PP reclama al Gobierno el desalojo de Bildu de las instituciones vascas

El PP presentó ayer una propuesta de resolución del debate del estado de la nación en la que pide al Gobierno que desaloje ya a Bildu de todas las instituciones porque «ya existen pruebas» suficientes para que el Ejecutivo aplique la reformada ley electoral y aparte a la coalición abertzale de todo el poder institucional que detenta en el País Vasco y Navarra.

El PSOE presentó una enmienda al texto en busca de un acuerdo que, de entrada, no parece fácil. Los socialistas quieren evitar que, como pasó hace cuatro años con la entrada en los ayuntamientos de Euskadi y Navarra de Acción Nacionalista Vasca, la presencia institucional de la izquierda abertzale socave el ahora recuperado pacto antiterrorista.

La iniciativa del PP es más dura en la exposición de motivos que en la literalidad de la propuesta, donde tan solo reclama que el Congreso inste al Gobierno a que, desde la lealtad al pacto antiterrorista y en «defensa de la dignidad» de las instituciones vascas y navarras y de las libertades de los ciudadanos, extreme la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los representantes electos de Bildu.

El objetivo, según los populares, es evitar que los dirigentes de la coalición «utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna/ETA». Uno de los ejes fundamentales del escrito de los populares es la sentencia del Supremo que decretó que la coalición «se ha erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA». El PP recalca en su texto que, en los últimos días, se han acumulado indicios que avalan la tesis de que los electos independientes de Bildu «no son sino una continuación de la ilegalizada Batasuna».

Pruebas

Para avalar esta tesis mencionan «el acoso» a concejales del PP y el PNV, en especial en el municipio de Elorrio; la retirada de símbolos constitucionales en los ayuntamientos, en alusión a la desaparición de la fotografía del rey en San Sebastián y la retirada de la bandera española de varias consistorios.

Añaden a esta lista la prohibición de acceso a los escoltas en ayuntamientos con alcaldes de Bildu y la presencia de dirigentes de Batasuna en las tomas de posesión de los gobiernos de Bildu. Tampoco olvidan los populares los discursos reivindicativos de las posiciones defendidas por Batasuna «que se escuchan en boca de los nuevos electos de Bildu». Pero por encima de todo sitúan la negativa «a condenar la violencia de ETA y pedir su disolución».

El desalojo institucional que reclama el PP sería factible con las últimas reformas de la ley electoral, con las que se introdujeron herramientas para actuar contra los miembros de la izquierda abertzale con responsabilidades de gobierno. El PP entiende que, ante los últimos acontecimientos, «sobran argumentos» para recurrir a las previsiones a posteriori que la ley establece. «Porque, con la ley en la mano, el Gobierno dispone de instrumentos para que la presencia de Bildu en las instituciones no sea irreversible», explicó ayer la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PSOE enmendó la propuesta del PP para que el texto recoja que «la defensa de la dignidad las instituciones vascas y navarras, y de las libertades de los ciudadanos debe procurarse siempre desde la unidad y el consenso de la lucha antiterrorista y, en especial, dentro del respeto a las opciones políticas elegidas por estos, así como a las sentencias del Tribunal Constitucional». Una redacción que al PP, en principio, no le gusta.

Más conformes se muestran con la segunda parte de la enmienda en la que se deja claro que el Gobierno debe impedir «cualquier tipo de amenaza, coacción o presión» de los representantes de Bildu a los concejales vascos o navarros.