El Congreso quiere frenar los abusos hipotecarios

El 15M sigue vivo. La prueba es que tras el anuncio, el martes, del presidente del Gobierno de elevar a un máximo de 1.350 euros la parte inembargable en las ejecuciones hipotecarias, el Congreso se ha movilizado para pedir a Rodríguez Zapatero que frene cuanto antes los llamados abusos hipotecarios. Un asunto espinoso del que bancos y cajas no quieren ni oír hablar y en el que, advierten, cualquier cambio súbito de las reglas del juego conllevaría un inmediato encarecimiento de los préstamos. Los 'indignados' y las plataformas vecinales han hecho de la lucha contra los lanzamientos judiciales (el desalojo de las familias por impago) una de sus banderas.

Tras cada debate sobre el estado de la nación, los grupos parlamentarios presentan las llamadas propuestas de resolución: peticiones al Gobierno. Este año, como era previsible, uno de los asuntos estrella ha sido el de las ejecuciones hipotecarias y la dación en pago (la entrega del piso a cambio de lo que quede por pagar del crédito). En su discurso, Zapatero se comprometió a mover pieza, aunque no ofreció mayor detalle.

Convergencia i Unió ha sugerido ofrecer «incentivos fiscales» a bancos y cajas para que acepten la dación y, al tiempo, permitan a las familias quedarse en las casas en régimen de alquiler. Sugiere también crear un fondo «financiado por el Estado y gestionado por las autonomías» para atender el impago temporal de alquileres o hipotecas de familias que sin su piso se verían abocadas a la «exclusión social». La formación recomienda también impulsar acuerdos de colaboración público-privada para movilizar pisos del 'stock' «a precios asequibles».

CiU añade otra propuesta más que peliaguda, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que permite que en caso de impago y si nadie se presenta a la subasta de la casa ejecutada, la entidad financiera se la quede por el 50% de su valor de tasación pero, eso sí, siga reclamando a la familia en cuestión el 100% de la deuda. En España, y en esto hacen especial hincapié los bancos, los deudores responden de la deuda hipotecaria con todos sus bienes, presentes o futuros.

El PSOE insiste en este aspecto y pide medidas para mantener el valor real de las casas ejecutadas «evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor hipotecario o de malbaratamiento de los bienes». El PP reclama eliminar las cláusulas de suelo y recuperar en toda su extensión la desgravación por compra de vivienda habitual.

Populismo

Para no pisar callos y enfadar demasiado a la banca, el partido gubernamental demanda también «mantener la solvencia general del sistema hipotecario, evitando reformas indiscriminadas». Esto es, que no haya café para todos y solo se socorra a los verdaderamente necesitados.

La respuesta llegó del consejero delegado del BBVA. Ángel Cano reclamó no poner en peligro la proverbial seguridad jurídica del sistema hipotecario español para «desmontarlo» solo por caer en «presiones populistas». Explicó que España es «el país más barato» y defendió las cláusulas de suelo y techo ya que «protegen tanto la parte de abajo como la de arriba».