La Haya ordena capturar a Gadafi

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ordenó ayer la detención de los tres hombres más poderosos del régimen libio. La corte de La Haya decretó el arresto de Muamar Gadafi, su hijo Saif al-Islam y su cuñado Abdulá al-Senussi, considerados por la Fiscalía el auténtico triángulo de mando en el país norteafricano. Los magistrados les acusan de ser los presuntos «ejecutores indirectos» de la brutal violencia ejercida contra los manifestantes durante las protestas que estallaron a mediados de febrero.

La Sala Preliminar Primera del TPI difundió su resolución un mes y medio después de que el fiscal Luis Moreno Ocampo reclamara la captura de Gadafi. El tribunal, presidido por la juez de Botswana Sanji Mmasenono Manageng, atendió la petición de la acusación al entender que existen indicios «razonables» de que el dictador y sus acólitos cometieron crímenes contra la humanidad. En su solicitud, el jurista argentino describió al coronel libio como la autoridad absoluta del régimen, mientras que su hijo desempeña el papel de primer ministro de facto y Al-Senussi, jefe de los servicios de inteligencia militar, se erige en el brazo ejecutor.

La juez Mmasenono, que compareció en una audiencia pública en La Haya, remarcó que los tres hombres tenían un control total del «aparato del Estado y las fuerzas de seguridad». Apoyados en este entramado, el coronel y sus colaboradores «concibieron y orquestaron» un plan para acabar con las manifestaciones «por todos los medios». Los hechos a los que se refirió la magistrada ocurrieron en la segunda mitad de febrero, varias semanas antes de que Francia y Reino Unido empujaran a la OTAN a intervenir en el conflicto. En aquellas fechas, Gadafi llegó a lanzar su Ejército contra los civiles que protestaban en las calles.

Ante las evidencias recabadas por la Fiscalía, el TPI ordenó emitir la orden de arresto para que los tres acusados comparezcan en La Haya. Los jueces, además, quieren asegurarse de que el dictador no sigue «obstruyendo y poniendo en peligro» las investigaciones de la corte creada en 2002 para perseguir a los criminales de guerra. Paralelamente, se pretende que Gadafi «no pueda utilizar más su poder» para perpetrar nuevos crímenes. El requirimiento judicial será enviado tanto a Trípoli como a Bengasi para que se cumpla.

Las autoridades libias no respondieron ayer al pronunciamiento de La Haya, pero ya han expresado en varias ocasiones su postura. A su juicio, el TPI carece de legitimidad porque sigue las directrices de Occidente. Trípoli, que considera a los rebeldes militantes de Al-Qaida, cree que la corte debería procesar a la OTAN por matar a civiles con sus bombardeos. Con su resolución, el tribunal exige por segunda vez la detención de un mandatario en ejercicio después de las órdenes emitidas en 2009 y 2010 contra el presidente sudanés. Omar al-Bashir, que sigue al frente de su país, está acusado de genocidio en Darfur.

Los rebeldes recibieron la noticia como una nueva victoria moral en su camino hacia el derrocamiento del dictador. «Estamos muy contentos porque todo el mundo se ha unido para procesar a Gadafi por los crímenes que ha cometido», celebró Jalal al-Galal, portavoz del Consejo Nacional de Transición. En Bengasi, la población festejó la resolución ondeando banderas, haciendo sonar las bocinas y con disparos al aire. Algunos analistas creen que la decisión podría espolear no solo a los combatientes, sino también a los opositores que aguardan agazapados el momento de alzamiento en Trípoli.

La orden de arresto coincide con nuevos esfuerzos para intentar buscar una solución política al conflicto. Tres ministros de Gadafi, entre ellos el titular de Exteriores, han viajado a Túnez para dialogar con «partidos extranjeros». Trípoli ha propuesto recientemente la celebración de un referéndum para determinar la continuidad de Gadafi, una posibilidad que ni contemplan los rebeldes. Tras conocer la decisión del TPI, el Consejo de Transición subrayó que cualquier negociación es ahora «irrelevante». «No podemos hablar con criminales de guerra», sentenció su portavoz.

La UE insistió en que «no es aceptable» una solución de futuro que reserve algún papel a Gadafi. Bruselas estima que la salida del dictador es una condición indispensable a la que debería seguir un proceso de transición y la elaboración de una nueva Constitución. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, subrayó que la orden de arresto del coronel demuestra su «creciente aislamiento». «Estamos más decididos que nunca a mantener la presión hasta que terminen todos los ataques contra civiles», agregó.