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ESPAÑA

«Una bomba de ETA sería el suicidio político de la izquierda abertzale»

Arnaldo Otegi declara en la Audiencia Nacional que un atentado terrorista «nos dejaría sin credibilidad durante varias generaciones»

MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID.Actualizado:

Arnaldo Otegi se esmeró durante dos horas y media en desmarcarse de ETA durante el juicio en el que el exlíder de Batasuna, el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y seis dirigentes más de la izquierda abertzale se enfrentan a diez años de cárcel por refundar la coalición ilegal a través de Bateragune.

Otegi nunca había ido tan lejos. Aunque no llegó a condenar a ETA, dejó claro su distanciamiento con la banda y aireó sus críticas a los terroristas, que podrían hacer saltar por los aires la apuesta soberanista si volvieran a las armas. Otegi fue muy claro: «Lo que está en juego es nuestro diseño estratégico. Una bomba de ETA nos destrozaría la estrategia diseñada y nos dejaría sin credibilidad durante varias generaciones».

Incluso se mostró convencido de que ya «no es posible en ningún caso» alcanzar objetivos políticos, como la independencia, «combinando la lucha armada y la política ni con una estrategia de modulación, con periodos de tregua más o menos largos».

Según Otegi, esa dinámica de treguas rotas conducía al «suicido político» de la izquierda abertzale, pero ha sido superada con Bildu y sus «magníficos resultados que corroboran nuestra tesis». Un éxito electoral que en cierto modo se atribuyó. Es más, se identificó con la suerte de la coalición recién nacida. «Si ETA da por terminada su tregua y comete un atentado, primero, nosotros nos suicidamos; segundo, el país se marcha del país; y tercero, la gente se sentiría absolutamente frustrada».

Otegi no ahorró en adjetivos y adverbios en la Audiencia Nacional para alejarse de la banda terrorista. Dijo que él encarna una «posición absolutamente contraria», «diametralmente opuesta», «incompatible» a la de ETA.

Es más, argumentó, que desde el atentado de la T4 que rompió la tregua de 2006 ese grupo de militantes independentistas que él encabeza vienen «combatiendo las posiciones» de la organización armada. «¡Si apostar por una estrategia de corte pacífico y democrático es delito, somos culpables; si no, somos inocentes!», clamó.

Corriente de opinión

El exportavoz de la coalición explicó que ese colectivo jamás se hizo llamar Bateragune y que en realidad era una «corriente de opinión» nacida en 2007 tras el atentado de la T4. «Aquel hecho corroboró que la violencia o la amenaza del uso de la violencia, lejos de solucionar los problemas, los enquistas y los hace más irresolubles», llegó a apuntar el acusado, quien, a diferencia del resto de procesados, respondió a las preguntas del fiscal.

El objetivo de ese grupo, afirmó, era un «cambio radical», una «enmienda a la totalidad» en la izquierda abertzale para romper definitivamente con la «lucha armada». «ETA pensaba que era posible acumular fuerzas manteniendo la lucha armada, y nosotros no».

Ni una sola vez la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, -que en otro juicio se enfrentó con el procesado y fue censurada por ello por el Supremo- cortó su discurso, de claro tinte político.

Durante la sesión de la mañana fue Díez Usabiaga el que se esforzó en tratar de desmontar la tesis de que Bateragune era una iniciativa de ETA para resucitar Batasuna. Insistió una y otra vez que los detenidos nunca formaron parte de una «comisión» u «órgano» de la izquierda abertzale, sino que eran un grupo de conocidos que se reunían con la única intención de crear un «debate» para «para abrir una nueva fase» en el País Vasco en la que los independentistas «rompieran amarras» con ETA y apostaran «exclusivamente por vías políticas y democráticas».

Según Díez, él mismo y Otegi, «animales políticos» dentro de la izquierda abertzale, fueron los encargados de «abrir el melón del debate político» para arrastrar al mundo radical a la apuestas por vías pacíficas. Y todo sin ningún «contacto con ETA».

Antes de que comenzara el interrogatorio, el tribunal aceptó, a petición de las defensas de los acusados, que declaren como testigos cinco responsables de Eusko Alkartasuna, entre ellos el secretario general, Pello Urizar, a los que en principio la sala había rechazado que declararan como testigos.