La Haya ordena el arresto de Gadafi

La sala de Instrucción número 1 del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido, a petición de la fiscalía, una orden de arresto contra el líder libio, Muamar Gadafi , su hijo Saif al Islam Gadafi y el jefe de la Inteligencia, Abdulá al Senussi, según anunció este lunes el juez Sanji Mmasenono Monageng. Se trata de la segunda vez en sus nueve años de historia que el TPI emite una orden de arresto contra un jefe de Estado en ejercicio.

En una vista pública, los jueces de la Sala Preliminar primera de la CPI explicaron que la fiscalía ha presentado suficientes pruebas como para emitir la orden de detención contra Gadafi y su entorno más cercano, acusados de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Libia a partir del pasado febrero durante las revueltas en ese país magrebí.

La jueza que preside la sala, Sanji Mmasenono, indicó que el arresto de los tres dirigentes libios "es necesario", entre otras cosas, "para evitar que se sigan cometiendo los crímenes". En la lectura de la decisión, la jueza especificó que "hay base suficiente" para creer que Gadafi y su hijo cometieron asesinatos y persecuciones, entendidos como crímenes de lesa humanidad, "especialmente en Trípoli, Bengasi y Misrata", entre el "15 de febrero de 2011 y al menos el 28 de febrero de 2011".

En el caso de Al Senusi, "hay base suficiente" para creer que esos crímenes, de los que el cuñado de Gadafi habría sido un "ejecutor indirecto", se cometieron bajo su responsabilidad de mando "especialmente en Bengasi entre el 15 de febrero de 2011 y al menos el 20 de febrero de 2011".

La jueza aclaró que es ahora la fiscalía la que tiene que mandar "una petición de cooperación" a las autoridades competentes en Libia para que se ejecute la orden de arresto. También precisó que la orden emitida hoy no significa que Gadafi , su hijo y su cuñado sean culpables, lo cual, dijo, deberá aclararse durante el juicio.

Miles de muertos y desplazados

La revuelta en Libia ha causado miles de muertos, según el fiscal de la CPI, y generó la fuga al extranjero de casi 650.000 libios y el desplazamiento al interior del país de otros 243.000, según la ONU. El domingo, en nombre de Africa, el presidente sudafricano Jacob Zuma se indignó contra la OTAN, destacando que ésta no tenía un mandato de la ONU para llevar a cabo "el asesinato político" de Gadafi.

El fiscal de la CPI, que había sido requerido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de febrero, sólo dos semanas después de que estallara la revuelta en Libia, inició su investigación el 3 de marzo. "Las pruebas demuestran que Gadafi ha concebido un plan para reprimir por todos los medios las manifestaciones populares de febrero, incluyendo la violencia extrema y homicida", afirmó Moreno-Ocampo en su demanda.

Seif al Islam, de 39 años, "primer ministro de facto", y Abdalá Al Sanussi, de 62 años, el "brazo derecho del coronel Gadafi, "desempeñaron un papel clave en la puesta en marcha de este plan", según Moreno-Ocampo. De acuerdo con el fiscal, estos tres hombres son "criminalmente responsables de homicidios, arrestos, detenciones, desapariciones y malos tratos contra manifestantes desarmados y presuntos disidentes cometidos por las fuerzas de seguridad libias desde el 15 de febrero".

La CPI, que entró en funciones en 2002, no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de las órdenes de arresto. Esta Corte tiene competencia en Libia en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad del 26 de febrero, algo que cuestionan las autoridades libias, quienes afirman que sus decisiones no le "conciernen", en la medida en que no han ratificado el estatuto de Roma, el tratado que la fundó. La CPI es el primer tribunal internacional permanente encargado de procesar a los presuntos autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.