El ISE de Cádiz negó documentación al fisco durante la inspección

La falta de transparencia puede ser indicio de irregularidad y a la Agencia Tributaria no se le ha pasado por alto este detalle en su investigación previa que culminó en un informe que entregó a la Fiscalía de Cádiz. Durante los meses que los técnicos estuvieron repasando las facturas emitidas por la sociedad Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. y los contratos que firmaron con el ente público Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) no tuvieron acceso a toda la documentación necesaria para clarificar cómo se concedieron y se ejecutaron obras en colegios gaditanos entre los años 2006 y 2008. La denuncia del Ministerio Público así lo expone.

Entre los documentos reclamados al exgerente provincial del ISE en Cádiz, quien declarará como imputado en los delitos continuados de malversación y prevaricación, estaban los estudios que debían servir de justificación para conceder a la sociedad bajo sospecha una serie de contratos mediante el procedimiento negociado sin publicidad; es decir, sin que compitiera con otras empresas en un concurso público. En dichos informes debía constar que Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. tenía la suficiente solvencia y capacidad para realizar los trabajos encomendados, tal y como exige la Ley de Contratos Públicos. Sin embargo, el exgerente provincial no lo facilitó.

El fisco descubrió durante sus pesquisas que la citada sociedad no tenía personal ni estructura para realizar obras menores y, además, llevar el mantenimiento de 24 centros educativos con los que acordaban directamente cada arreglo que debían realizar. Al solicitarles información a los administradores de esta empresa, radicada en Rota, los empresarios reconocieron que subcontrataron a espaldas del ISE todos los trabajos. Unas subcontrataciones que recayeron en sociedades, que en algunos casos, presuntamente solo funcionan en los papeles, comparten administradores únicos y sobre las que se sospecha que su actividad principal es la emisión de facturas falsas.

Sin competidor

La Agencia Tributaria también se interesó por los motivos que llevó a un ente público a conceder 3.647.161 euros en contratos de obra a una misma empresa y siempre de manera directa, sin pasar por la convocatoria de un concurso. Desde el ISE se argumentó que detrás de estos procedimientos estaba la urgencia de acometer unas obras que debían estar listas siempre antes de que cada inicio del curso escolar. Para valorar que el ISE había estudiado otras posibles adjudicatarias y había comparado precios para decantarse por la opción más ventajosa, aunque no convocara concurso, los técnicos requirieron la entrega de otras ofertas presentadas por sociedades y la justificación documental de por qué el ente público se había decidido siempre por la misma. La respuesta obtenida, según consta en las diligencias judiciales, fue la misma.

Otros de los documentos claves que no está en poder aún de los investigadores son los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que deben acompañar a cada contrato que se concede. La sociedad investigada aseguró carecer de dicha información, pese a ser la beneficiada. Desde el ISE, solo se aportó un pliego.

Esas lagunas en la documentación también aparecen en las facturas que emitió Contratas y Mantenimientos S. L. a ISE por unas obras, que según una arquitecta de la Agencia Tributaria presuntamente no se ejecutaron o si se hicieron, fue por un valor muy por debajo de lo presupuestado y pagado. Como publicaba este medio en su edición de ayer, en este punto de la inspección, la Agencia Tributaria se topó con facturas ilegibles, presuntamente infladas, sin detallar servicios ni el destino de las labores realizadas, entre otras irregularidades.

El Ministerio Público no solo ha pedido la declaración como imputados de once personas, sino también que el juez instructor requiera un volumen importante de información al ISE de Cádiz. En concreto, la documentación íntegra de todos los contratos que recayeron en la sociedad roteña que tuvieran un valor superior a los 50.000 euros. Esa cantidad delimita los contratos públicos que deben salir a concurso. Por debajo de ella se entiende como obra menor y puede ser concedida sin publicidad. Para los supuestos de suministros, servicios o asistencias técnicas el umbral máximo son los 18.000 euros para eludir el concurso.