El desafío de Bildu

La coalición Bildu ha comenzado a desvelar de una forma alarmante la incógnita en el modo en que va a asumir sus responsabilidades de Gobierno y, sobre todo, su posición real frente a la violencia. Si ya en su toma de posesión el diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, evitó pedir a ETA su disolución y brilló por su ausencia cualquier mensaje de ruptura con la ortodoxia de Batasuna, las siguientes iniciativas y declaraciones no hacen sino aumentar las dudas sobre su respeto del juego democrático y su supuesto alejamiento del dictado de la banda terrorista. Sus dirigentes niegan la entrada en los ayuntamientos a los guardaespaldas de concejales amenazados por ETA, establecen inaceptables simetrías entre las víctimas del terrorismo y los presos de la banda, arrasan con símbolos protegidos constitucionalmente -la bandera de España y el retrato del rey- y ayer, en un nuevo alarde para tensar las relaciones con el Estado, instaron a disminuir la presencia policial y militar en Euskadi, sin descartar que se llegue a revisar el Cupo y cesar las aportaciones para sostener estas fuerzas. Conviene señalar que de 1,1 millones de votos contabilizados en Euskadi, Bildu, la segunda fuerza, logró apenas 276.000, menos de uno de cada cuatro. Esta democracia que generosamente ha abierto paso al antiguo brazo político de ETA, demasiado prematuramente a juicio de muchos, tiene establecidas unas reglas que hay que acatar, so pena de atenerse a las consecuencias jurídicamente establecidas. Reglas que pueden cambiarse, pero siempre siguiendo los procedimientos tasados. El triunfo de Bildu en las urnas no debe inducir a sus dirigentes al equívoco de que pueden crear un ámbito independentista con sus propias normas y mantener un pulso constante con el Estado. La coalición abertzale comienza a mostrar que su verdadero rostro no es el de cambio rupturista que mostró antes de las elecciones y que le permitió acceder a la legalidad. Lo que vemos ahora son las prácticas de la vieja ortodoxia batasuna de usar el juego democrático como herramienta transitoria para sus fines de siempre. Ante este desafío, la Justicia y el Gobierno no pueden admitir engaños y están obligados a hacer cumplir la ley de forma serena pero rotunda.

Matanza en Afganistán

Si alguien creyó, prematuramente en el mejor de los casos, que el anuncio oficial norteamericano de retirada por etapas de Afganistán, implicaría una especie de tregua sobre el terreno tuvo ayer la prueba en contrario: entre 30 y 40 personas murieron en la voladura de un pequeño hospital, a unos 60 kilómetros de Kabul y no lejos de la frontera con Pakistán. Ambos datos son relevantes. El primero porque todos los muertos eran civiles. Y el segundo porque es una región donde opera la temible red Haqqani, un grupo paquistaní con un pie en cada país y al que sin duda preocupa una posibilidad de desenlace pactado. Fuentes oficiales en Kabul asumieron ayer la posibilidad de que los talibanes -que negaron la autoría con una velocidad inusitada- no sean los responsables. Los rebeldes son cautelosos ante el plan norteamericano, al que tildaron de «muy insuficiente y poco más que simbólico», pero es seguro que les concierne y lo sopesan con interés. Los civiles inocentes, entre tanto, mueren en vano cuando, de un modo u otro, se intenta abrir nuevas vías para poner fin a la tragedia.