La Junta decide estudiar si la entrada en Valcárcel viola la Ley de Patrimonio

Durante todo el debate ciudadano generado por la ocupación pacífica de Valcárcel, hace seis días, una característica fundamental ha quedado en segundo plano. El edificio es, oficialmente, un «monumento». Tiene ese rango de protección desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de enero de 1965 otorgara esa categoría. Por tanto, está sujeto a la normativa que vela por la conservación, aunque abandonada durante diez años en este caso, de toda construcción considerada BIC (bien de interés cultural). Esta catalogación administrativa, hace que Valcárcel esté bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. La normativa impide, entre otras cosas, que la fachada sea cubierta por ningún elemento que dificulte su visión. Incluso, prohíbe que otros elementos estéticos, como vallas publicitarias, por ejemplo, sean ubicadas cerca de su fachada y entorpezca su contemplación, o afee el conjunto. Como punto fundamental, las reglas legales impiden que se realice ninguna obra en edificios calificados BIC sin que la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Delegación Provincial de la Junta, conozca el proyecto y le dé el visto bueno.

Todos estos preceptos han permanecido aparcados durante los seis días en los que Valcárcel, el edificio neoclásico más importante de la provincia según el Colegio de Arquitectos de Cádiz, construido en 1763 por Torcuato Díaz de Benjumeda, ha estado ocupado. Ayer, tras admitir formalmente la consideración BIC, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía anunció que realizará una inspección para comprobar que la Ley de Patrimonio se cumple. La delegada provincial, Yolanda Peinado, aseguró a LA VOZ que no se ha presentado «queja o denuncia alguna» y que no se tiene constancia «de que se haya realizado ninguna obra, ningún trabajo» en Valcárcel que incumpla la normativa.

Aún así, ante la posibilidad de que los ocupantes hayan realizado otras acciones o que la colocación de pancartas en su fachada vaya en contra de la protección administrativa, Peinado asegura que este jueves «los técnicos de la Consejería pondrán en marcha un proceso de inspección» para comprobar que las reglas se cumplen. Una de las normas que parecen violadas de forma evidente es la imposibilidad de cubrir la fachada, que ahora luce una gran pancarta. La delegada prefiere no valorar esa u otras actuaciones hasta que se produzca la visita de inspección y los técnicos levanten acta oficial del estado del edificio tras la ocupación, que poco ha alterado el estado de deterioro y abandono en el que las dificultades burocráticas lo habían sumido durante diez años de cierre.

La Delegación de Cultura adelanta que maneja dos supuestos. Si no hay el menor perjuicio contra el edificio por la ocupación reivindicativa, la inspección quedará en nada. Si se observa alguna violación de la Ley de Patrimonio, la Junta de Andalucía exigirá inmediatamente a la propiedad que sea corregida.

Esa propiedad, desde 2003, corresponde a la empresa Zaragoza Urbana, que había proyectado convertir la instalación en un hotel de cinco estrellas. Finalmente, el pasado año, renunció al proyecto después de que se retrasase durante una década debido a numerosas trabas administrativas. Sin embargo, la reversión de la propiedad no ha sido ejecutada y, oficialmente, aún le pertenece, por lo que sería responsable de solventar cualquier irregularidad que fuera detectada.