Arenas insta a Griñán a que deje de pelear con la Justicia por las actas

Un día después de que se conociera que la Audiencia de Sevilla ha dado la razón a la jueza Mercedes Alaya para que pueda acceder a las actas de los consejos del Gobierno andaluz en su investigación sobre el fraude en las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía, el presidente regional del PP, Javier Arenas, instó al jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán, a que deje de pelear con la Justicia por este asunto y a que colabore.

Durante su visita a la Diputación de Málaga antes de la constitución de la nueva corporación, Arenas espetó a Griñán: «Renuncie a la pelea con la justicia. Facilite cuanto antes las actas y los datos, colabore con la justicia y, de una vez por todas, deje de pelear con ésta en favor de la transparencia».

El líder popular lamentó que el presidente de la Junta esté desde el primer día «obstruyendo» la investigación sobre los falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y dijo: «El Estado de Derecho hay que mimarlo, entenderlo y compartirlo, pero no pelearse con él». Asimismo, emplazó a Griñán a que cree una comisión de investigación sobre este caso en el Parlamento andaluz.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, manifestó ayer que el auto de la Audiencia de Sevilla «no pone fin a la cuestión» y que ha de ser el Tribunal Supremo el que tenga «la última palabra», en referencia al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía sobre si la magistrada que investiga los ERE fraudulentos es competente o no para acceder a todas las actas de los consejos de Gobierno de la última década.

El auto de la Audiencia dictamina que las actas del Consejo de Gobierno no son secretas al tiempo que desestima el auto de apelación presentado por el letrado de la Junta argumentando la negativa a entregarlas por el carácter reservado de los documentos, según la Ley del Gobierno. Para la Audiencia, «lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, lo único reclamado por la instructora».

Sin entrar a analizar el auto de la Audiencia de Sevilla, la portavoz del Gobierno insistió en que este auto no permite a la jueza acceder a las actas y que será el Supremo el que debe decidir. Moreno recordó que la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre este tema sin precedentes puede sentar jurisprudencia y servir «para toda España». En declaraciones a Radio Nacional, Mar Moreno reiteró que el fin que persigue la jueza es el mismo que el de la Junta, «sentar en el banquillo a los culpables». Según Moreno, no hay conflicto con la magistrada Mercedes Alaya, sólo «una discrepancia de carácter jurídico» sobre la que «queremos que se pronuncie el Supremo.

Nombrado el ponente

El alto tribunal ya ha iniciado actuaciones al respecto. Fuentes del Gobierno confirmaron que el Supremo ha nombrado como ponente al magistrado Juan Herrero Pina, quien ha pedido a la magistrada del número 6 de Instrucción de Sevilla y a la propia Junta que presenten sus alegaciones. El Supremo ha iniciado este trámite tras la solicitud de la Junta para que intervenga en el conflicto ante la tardanza de la magistrada Alaya en hacerlo. Hace tres meses que el Gobierno le pidió su inhibición y que trasladase la decisión al Tribunal de Conflictos del Supremo. Alaya argumentó su retraso en un auto «por coherencia procesal» y para que no se produjeran «pronunciamientos contradictorios». La magistrada decidió esperar al pronunciamiento de la Audiencia sobre los recursos de varias de las partes, entre ellas el PP y Manos Limpias.

Fuentes del Gobierno andaluz reconocen que el auto de la Audiencia arropa a la instructora del caso cara al litigio que debe dirimir el Tribunal Supremo. Será este el que determine si la magistrada puede acceder sin cortapisas a las 480 actas de los consejos de Gobierno de los últimos años, guardadas en un armario acorazado en las dependencias judiciales.