Reforma de trámite

El Gobierno consiguió ayer la convalidación por el Congreso del decreto de reforma de la negociación colectiva, contando únicamente con los votos a favor de los socialistas y gracias a la abstención de CiU y PNV. El Ejecutivo volvió a mostrar su precariedad parlamentaria, paliada una vez más con el concurso de los nacionalistas vascos y catalanes. Pero el debate parlamentario de ayer demostró sobre todo que la oposición implacable que ejercen los populares respecto al gobierno y los equilibrios que este trata de mantener entre los cambios que se precisan en materia socio-laboral y la contestación sindical desvirtúan la reforma hasta convertirla en una cuestión de trámite. Es deseable que el tratamiento del texto como proyecto de ley obligue a los grupos parlamentarios a retratarse. Porque ayer se discutió más sobre el crédito que le queda al Gobierno que sobre las necesidades del mercado del trabajo. Claro que, una vez certificado el fracaso del diálogo social en este tema y puesto en manos del legislador, es lógico pensar que el PP espera retomarlo en la próxima legislatura, guardándose para entonces sus ideas. La posición adoptada por peneuvistas y convergentes en el transcurso del debate de ayer tiene indudables connotaciones políticas respecto a la continuidad de la legislatura a un precio que fijen ambos grupos. Una situación que, lejos de fortalecer las expectativas socialistas, puede reducir aún más la credibilidad del Gobierno. Pero aunque la preeminencia de los convenios autonómicos, cuando existan, sobre los nacionales se interprete como una concesión a las exigencias nacionalistas -y es lógico que el propio PNV lo quiera mostrar así- convendría leer tal modificación desde la propia lógica de la flexibilización de las relaciones laborales. La estricta homogeneización de estas para el conjunto de España no supone, necesariamente, una ventaja competitiva para las empresas y para los resultados finales de la economía. Todo lo contrario, cabe pensar que la propia existencia de convenios colectivos autonómicos significaría la coincidencia entre patronal y sindicatos en dar soluciones específicas a los retos de la competitividad, partiendo de las condiciones también específicas de cada comunidad autónoma. En este caso, partiendo de la distancia a la que cada autonomía se encuentre de una crecimiento duradero.