La Policía de Cádiz considera vital que haya exhumaciones para avanzar en la investigación

Sospechosos fallecidos, documentación insuficiente, distintos hospitales y diferentes protagonistas, demasiados años transcurridos y lagunas en los hechos que a día de hoy no se pueden contrastar. Esos son algunos de los obstáculos importantes con los que se ha topado la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial a la que se le asignó la investigación de las denuncias por supuesto robo de bebés hace décadas. Los mimbres para montar un caso que culmine en la identificación de responsables y dirigir una acusación contra ellos son escasos y así se lo ha hecho saber la Policía Nacional a la Fiscalía de Cádiz. Pero aún hay esperanzas para las familias que han denunciado.

Los agentes han remitido hace varios días al Ministerio Público los primeros informes que resumen las pesquisas que han realizado hasta la fecha y las conclusiones no son muy alentadoras para los familiares. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que los agentes apenas han encontrado indicios que sostengan una acusación; si bien, no arrojan la toalla y elevan al fiscal una petición clara: que se autoricen exhumaciones para agotar todas las vías posibles de investigación. Dicha pesquisa puede arrojar la luz que hasta ahora no han encontrado. Las mismas fuentes señalaron que si se abrieran tumbas donde aparecieran restos óseos, las pruebas de ADN confirmarían si existe relación genética entre el bebé fallecido y su familia.

Ese tipo de diligencias también podrían aplicarse en aquellos supuestos donde solo se recuperaran prendas u otros objetos personales. La situación se complicaría en aquellos casos en los que las cajas estuvieran completamente vacías o si el supuesto bebé fallecido que se está buscando fuera enterrado en un osario que haya dejado de serlo como ha ocurrido en el cementerio de San José, en La Línea. Allí, las familias señalan un punto concreto del camposanto donde eran enterrados los fetos y hoy en día esa zona del recinto ya no existe.

La UDEV de Cádiz ha recibido 36 denuncias que le ha derivado el Ministerio Público; si bien los primeros informes remitidos a la Fiscalía son relativos a una veintena de casos. Otros quince fueron presentados a principios de mayo y aún se sigue indagando en ellos. Se trata de las últimas familias, la mayoría procedente de Jerez, que se sumaron a la oleada de testimonios que ha sacudido el país. Unos relatos que coinciden en lo esencial: madres que dieron a luz sin problemas y que a las pocas horas les informaron de que sus recién nacidos habían fallecido. Algunas llegaron a tenerlos en sus brazos y comprobaron con sus propios ojos que estaban en perfectas condiciones. Pero al rato, solo les entregaron un feto muerto, envuelto en vendas. Desde entonces, sospechan que sus bebés terminaron en manos de otras familias.

Fallecidos los responsables

Las pesquisas desarrolladas en la Comisaría Provincial, y que arrancaron en el mes de febrero, se han encontraron con que la mayoría de los médicos que firmaron los legajos de aborto -certificado de defunción- o asistieron a los partos han fallecido; en otros casos, la documentación entregada por las familias es insuficiente y tampoco hay coincidencias en las denuncias que señalen a los mismos sospechosos. Es decir, para los agentes le es imposible dibujar, por ahora, una supuesta red de tráfico de bebés porque simplemente los supuestos implicados no son los mismos ni tampoco los centros hospitalarios donde se realizarían esas prácticas.

No es la primera vez que las familias denunciantes se encuentran con esta respuesta. Un juez de Málaga archivó en marzo una denuncia precisamente por la misma razón: por la falta de pruebas que pudieran confirmar la existencia de delitos.

Sin embargo, esas primeras conclusiones no cierran la puerta a una posible denuncia. El Ministerio Fiscal aún no ha decidido si presentará o no denuncia. Las exhumaciones que solicita la Policía sólo las autoriza un juez y para ello es necesario que se plantee alguna actuación en sede judicial como denunciar.

Así lo ha hecho el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea, que recibió hace unos meses la primera denuncia del fiscal jefe del Campo de Gibraltar. Recientemente se han realizado tres exhumaciones en el cementerio linense y están pendiente también en Estepona y Algeciras.