Impiden el acceso al Ayuntamiento de Andoain de escoltas

Agentes de la Policía Municipal impidieron ayer el acceso al ayuntamiento a los escoltas que acompañan a los concejales del PP, Asun Guerra, y del PSE-EE, José Luis Vela, en cumplimiento de la resolución dictada la semana pasada por la alcaldesa, Ana Carrere, de Bildu. La primera en intentar acceder al ayuntamiento fue la concejal popular, quien se dirigió a la casa consistorial con intención de registrar una moción, en la que pedirá al Pleno la condena «de manera expresa de todos y cada uno de los 857 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA». En la puerta del ayuntamiento un agente de la Policía Local impidió la entrada a sus escoltas, por lo que Asun Guerra accedió en solitario al interior de las dependencias municipales. Tras abandonar el ayuntamiento coincidió en la calle con el concejal socialista José Luis Vela, a quien relató lo sucedido.

Ambos ediles se pusieron en contacto con el jefe de la Policía local para pedir explicaciones. El agente les indicó que cumplían órdenes de alcaldía en base a un informe jurídico del secretario del ayuntamiento. Acto seguido, los dos ediles intentaron acceder a la casa consistorial, momento en el que dos agentes impidieron de nuevo la entrada a los guardaespaldas. Uno de los escoltas exigió a los municipales que garantizaran la seguridad de los concejales en el interior de las dependencias, petición que fue cumplida por los municipales.

Ya en el interior del edificio, los dos concejales se entrevistaron con el secretario municipal y le solicitaron una copia del informe jurídico, en el que se indica que «compete a la alcaldesa como máxima responsable del gobierno y administración municipal, dictar las resoluciones oportunas para garantizar la seguridad de los lugares públicos, incluida la seguridad de las personas que acceden y permanecen en el edificio». El informe atribuye a la alcaldesa «la responsabilidad exclusiva» de cualquier problema que se derive de la posible falta de seguridad en edificios públicos a los que se prohíba la entrada a los escoltas armados.

El secretario indica, además, que el Ayuntamiento no tiene aprobado un protocolo de seguridad para los concejales con escoltas, por lo que corresponde a la alcaldesa dirigir la Policía Local y a los agentes velar por la seguridad de los edificios públicos. El informe concluye señalando que los escoltas «no pueden entrar armados en un edificio público municipal si la alcaldesa se lo prohíbe» y añade que será exclusiva responsabilidad de Ana Carrere «valorar las circunstancias que concurren en el caso relativas a la necesidad de seguridad privada de determinados concejales en el interior de los edificios municipales y los medios de seguridad precisos».