Libertad con cargos para los detenidos en el Parlament

Cinco de los siete detenidos durante la algarada del miércoles pasado frente al Parlament catalán pasaron ayer a disposición judicial, después de permanecer dos noches en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. El juez que instruye el caso les tomó declaración y decretó libertad para todos ellos. Están acusados de desobediencia, resistencia a la autoridad y daños. En cambio, eluden los delitos de intimidación o amenaza para impedir a un diputado asistir a sus reuniones porque de momento no se ha podido comprobar que estos cinco jóvenes participaran en el grupo que bloqueó la entrada a los parlamentarios.

Un sexto detenido ya fue conducido el jueves ante el juez y fue puesto también en libertad con cargos con la imputación de resistencia y desobediencia a la autoridad. Dos de los arrestados tienen antecedentes de diligencias policiales, en concreto por los altercados de rechazo al modelo universitario de Bolonia de hace dos años. Uno de ellos, el más veterano pues pasa la cuarentena, se enorgullece de su amplio currículum como alterador del orden, según relataron fuentes policiales. El séptimo arrestado, un chico menor de edad, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por lo que respecta a los diez activistas que la Policía asegura que tiene identificados como posibles autores de las agresiones a los diputados, la Fiscalía anunció que ha recabado vídeos sobre los sucesos y analiza los mensajes difundidos a través de Internet. La Consejería de Interior de la Generalitat ya ha presentado el atestado, que contiene el relato de los incidentes relacionados con los artículos 494 y 498 del Código Penal, que castigan con penas de hasta cinco años de prisión a las personas que intentaran entorpecer las actividades parlamentarias.

«Perfecta organización»

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamó el jueves un castigo ejemplar para estas personas. Formarían supuestamente parte de un colectivo ultra y antisistema de entre 300 y 600 «profesionales del desorden público y de la violencia urbana», que están «perfectamente organizados» en Barcelona, según Interior, y que actúan tanto en una protesta contra el plan de Bolonia, como cuando el Barça gana un título de fútbol, en una huelga general o cuando se celebra alguna cumbre de altos mandatarios. El Ministerio Público dará una «respuesta contundente» a los responsables de los actos violentos, dijo ayer la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte.

Mientras, los jóvenes indignados, pertenecientes al Movimiento 15M en su versión de la 'Acampada bcn', se desmarcaron una vez más de los violentos, lamentaron haber sido asociados a la 'kale borroka' y arremetieron contra la Consejería de Interior. En una interpretación 'sui generis' de los hechos, acusaron a la Policía de haber preparado adrede un dispositivo insuficiente con el propósito de dejar margen a los incidentes y luego poder criminalizar al colectivo. Aun así, mañana quieren volver a recuperar el prestigio perdido y en la manifestación convocada en la plaza de Cataluña prevén aislar a los violentos y tratar de que no asistan a la cita.

«Hacemos un llamamiento a la no violencia absoluta y radical», expresó Jesús García, uno de los portavoces. «En esto sí somos radicales, en la no violencia», añadió. «No nos representan los políticos, ni los actos violentos aislados», dijo. Según García, se ha criminalizado y estigmatizado injustamente a un colectivo por la acción de cuatro personas. Y anunció que volverán a reclamar que se detengan los recortes sociales que contemplan los presupuestos de la Generalitat o que de lo contrario se convoque un referéndum para saber si la ciudadanía avala el tijeretazo.

Lo harán en una plaza de Cataluña que, a pesar de que la asamblea votó a favor del levantamiento del campamento, sigue poblada de tiendas y toldos. Puede que por poco tiempo, ya que el consejero de Interior, Felip Puig, advirtió ayer de un posible e inminente desalojo. «No se puede permitir mucho tiempo más», «alguna reflexión tendremos que hacer porque el nivel de utilización del espacio público está evitando que miles de ciudadanos puedan ejercer su derecho a disfrutar del espacio comunitario», expresó en Rac-1. «El movimiento del 15M debería de hacer una depuración interna», remató.