La Policía registra las oficinas de las Madres de la Plaza de Mayo

A pesar de que nadie duda de la inocencia de sus fundadoras, valientes mujeres que perdieron a sus hijos durante la dictadura militar argentina y que hoy tienen todas entre 82 y 94 años, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre todo su presidenta y cara visible, Hebe de Bonafini, están cada vez más cercadas por la Justicia. En la madrugada de ayer, investigadores de la Policía Federal registraron sus locales por orden del juez que investiga un fraude millonario con fondos públicos perpetrado desde la organización. Los agentes se llevaron documentos de las oficinas, pero también de la Universidad y la radio de la Fundación.

El magistrado Norberto Oyarbide admitió que el caso «es altamente complejo por las personas» que están involucradas y afirmó que se secuestraron elementos «de interés» para las pesquisas, centradas en torno al exapoderado de la organización, Sergio Schoklender, investigado por lavado de dinero y fraude al fisco. Este hombre, que estuvo condenado por parricidio y que era la mano derecha de Bonafini, se habría enriquecido con la gestión de unos 200 millones de dólares (141,3 millones de euros) para la construcción de viviendas en distintas provincias.

Bonafini, que en principio intentó minimizar su decisión de separar del cargo al apoderado, reconoció luego que Schoklender y su hermano Pablo eran «estafadores y traidores» y echó a 16 personas vinculadas a ellos de la Fundación. Pero el daño ya estaba hecho. El juez investiga a 21 empresas vinculadas a Schoklender que pudieron ser la fachada de una inmensa red de lavado de dinero y desvío de fondos.

Asesorada por su abogado, la líder de las Madres de la Plaza de Mayo se presentó voluntariamente el lunes ante el juez y acusó a su exapoderado «y su banda» de ser «los arquitectos profanos del más doloroso dispositivo de traición» pese a que habían sido recibidos «como hijos». También reconoció que sustrajeron cheques que el Gobierno pagó a la organización por las viviendas y que los abonaron en entidades financieras ilegales. Todo con su «total desconocimiento».

Primer registro

Bonafini también señaló que en los últimos días un vehículo de la Fundación había salido del garaje de noche, presuntamente con documentos. El juez hizo entonces un primer allanamiento en las oficinas de los Schoklender que no fue fructífero. Fue así como las Madres se vieron ayer sorprendidas por un equipo de policías que traían una orden para una nueva requisa en 12 lugares incluida su sede.

El fiscal Jorge Di Lello, que interviene en el caso, cree que las Fundación pudo haber sido estafada, pero para aclararlo pidió a la Justicia que cite a Bonafini a declarar. Nadie sabe todavía con certeza si será convocada y en calidad de qué porque no está claro si la presidenta es totalmente inocente o si también tuvo alguna responsabilidad.