El Consistorio pedirá que se revisen a la baja los valores catastrales

Alfombra roja a los empresarios, que son los que crean puestos de trabajo. Ésa fue una de las expresiones que utilizaron ayer los representantes de la patronal gaditana durante su encuentro ayer con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, una primera toma de contacto en la que le transmitieron sus principales preocupaciones y que terminó con el compromiso de la primera edil de que se va a trabajar para dar facilidades a la apertura de nuevos negocios.

Y es que la primera toma de contacto del equipo de gobierno con la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y la Cámara de Comercio de Jerez fue más allá del protocolo y finalizó con algunas de las primeras medidas en las que se va a trabajar y poner el acento para tratar de sacar al municipio del estancamiento económico en el que se encuentra.

Uno de los aspectos fundamentales que asfixian a los empresarios lo puso sobre la mesa el presidente de la CEC, Miguel González, que habló en general de la necesidad de dar un cambio a la ciudad para poder generar riqueza y empleo, pero que en particular se refirió a temas como los impuestos o los valores catastrales.

A este respecto, González apuntó que, como ya habían hecho con anteriores equipos de gobierno, al nuevo le han trasladado la petición de que se adapten los valores catastrales «a los precios del mercado, que no son los de antes, ahora han caído cerca de 50%, mientras que los valores siguen igual». «Hay que pedir la actualización al Catastro, y si no toca la revisión al menos que se toque el tipo y se adapte a las circunstancias», añadió el presidente de la patronal.

González también recalcó la necesidad de suelo industrial, aunque reconoció que «ésa es una medida que lleva tiempo», y por eso hizo hincapié en que el Ayuntamiento se esfuerce a corto plazo en dar más agilidad a los trámites administrativos para la apertura de negocios. «Cada vez que se pone en marcha una licencia de apertura o de obra se ponen en marcha puestos trabajo, riqueza y empleo», apostilló.

Al hilo de lo anterior, y sobre la necesidad de suelo para asentar empresas, el vicepresidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, puso el ejemplo de un polígono industrial que se está poniendo en marcha en Estella y en el que se instalarán unas 50 negocios que crearán unos 300 puestos de trabajo. «Si eso es así en ese espacio, imaginen lo que se podría hacer con los cinco millones de suelo industrial que hay en el PGOU», dijo al tiempo que recordaba que «no solo hay que cuidar a las grandes inversiones».

Con esta batería de peticiones sobre la mesa, la nueva regidora dejó muy claro que recogen el guante y que van a trabajar de forma seria y «sin parcheos». Ése es sin duda el caso de la ponencia de valores, el llamado 'catastrazo' al que ya se opuso en su momento el PP.

Según García-Pelayo, «queremos resolver esta historia, y ya tenemos asumido que en el momento en que los plazos legales lo permitan vamos a pedir la elaboración de una nueva ponencia de valores que contribuya a aliviar el peso de una decisión que nunca compartimos».

Del mismo modo, la primera edil anunció para final de año unas nuevas ordenanzas fiscales que «nunca pasarán por la subida de impuestos». «No es ése el modelo de este gobierno ni del PP, y es que pagar más impuestos es contraproducente para el dinamismo económico y la creación de empleo que necesita la ciudad», recalcó.

Área específica de parques

Asimismo, anunció que se creará un área específica dentro de la Delegación de Impulso Económico de Francisco Cáliz, que compareció ayer junto a ella, y que estará dedicada exclusivamente a los parques y polígonos industriales de la ciudad, «los grandes olvidados de esta legislatura». En este sentido, también explicó que el gobierno pretende dar un nuevo impulso al Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA). «No se trata de dar un paso atrás, pero las empresas tienen problemas allí y queremos contribuir a redimensionar el parque, que ha perdido la esencia por la que fue creado», puntualizó.

Respecto a los trámites administrativos, habló de agilizar al máximo la burocracia y que el límite para una respuesta de la institución sea de 30 días, lo que será posible con medidas como la delegación de firma a terceros (delegados, etc.).

Más complicada se presenta la disponibilidad de suelo industrial, que ahora se limita -como informó ayer- a unos 40.000 metros cuadrados. «Hay suelo no urbanizado, y para urbanizarlo se deberían haber utilizado parte de los fondos estatales, porque ahora es una gran inversión», dijo antes de añadir que el delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, ya trabaja en dos fórmulas para ello: «La iniciativa pública a través de los fondos de reindustrialización, y también la privada a través de la figura del agente urbanizador a través de un concurso».