Condena unánime de los partidos

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se desarrolló ayer sin incidentes, aunque las vallas de protección en las tres entradas a la cámara baja y la notoria presencia de furgones del Cuerpo Nacional de Policía en los aledaños del palacio legislativo dejaban claro que los sucesos ocurridos a las puertas del Parlamento catalán habían puesto en alerta a los responsables de la seguridad del Congreso, pero en esta ocasión Madrid estuvo en calma.

La indignación cambió de bando. Todas las formaciones políticas del arco parlamentario hicieron suyas las agresiones y criticaron la violación de los derechos de los representantes públicos catalanes. Eso sí, la mesura fue la nota predominante en las declaraciones de los principales líderes, sobre todo en las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno tuvo que rectificar una primera valoración que hizo de los graves incidentes previos a la sesión plenaria en el Parlament. Zapatero, que tal vez no entendió la pregunta que le formularon en el pasillo del Congreso, indicó primero que no le preocupaba el nuevo derrotero que había tomado el Movimiento 15M. Poco después colaboradores suyos matizaron que el presidente del Gobierno rechazaba y, sobre todo, le preocupaban «las derivas violentas y la coacción del Movimiento 15M, porque, en democracia, no se puede bajo ningún concepto impedir el libre ejercicio de la política democrática». Zapatero apostilló, según sus portavoces, que la libertad de expresión y de manifestación en España «son sagradas», aunque recalcó que siempre que se lleven a cabo de forma "absolutamente pacífica".

El líder del PP, por su parte, eludió reclamar el uso de la fuerza policial para garantizar que los parlamentarios catalanes puedan hacer su trabajo con normalidad, pero puntualizó que «la prudencia es una muy buena virtud, pero no puede convertirse en pasividad, cuando se trata de hacer respetar la ley y los derechos individuales que tienen todas las personas».

Rajoy mostró su convencimiento de que ningún demócrata puede amparar lo sucedido ni en Barcelona, con el tumulto en las inmediaciones del Parlament, ni en Madrid, en alusión a los insultos que recibió Alberto Ruiz Gallardón en el mismo zaguán de su casa el lunes de parte de más de un centenar de 'indignados'. «Cuando no se respeta ley, los derechos individuales de las personas y la voluntad de la mayoría se está cometiendo un acto profundamente antidemocrático», remachó el líder de la oposición.

Bono, «indignado»

Menos 'políticamente correcto' se mostró el presidente del Congreso, José Bono, quien sin medias tintas declaró: «La fuerza pública está para legítimamente forzar a quienes quieren cometer el delito, porque está en el Código Penal contemplado el impedir la entrada a los diputados. Es absolutamente inaceptable. Estoy indignado».

Al que le tocó hacer de 'poli malo' del Gobierno fue a Ramón Jáuregui. El ministro de la Presidencia advirtió de que existen, «líneas rojas» que no se pueden traspasar en el debate para mejorar la democracia, como son cuestionar el sistema o deslegitimar a sus representantes, mediante "agresiones o insultos».

Los portavoces de PNV, CiU y ERC también se sumaron a las descalificaciones hacia los que han cometido actos violentos en señal de protestas por los recortes que tiene previsto aplicar el gobierno de Artur Mas en los próximos Presupuestos de Cataluña. El nacionalista vasco Josu Erkoreka no puso en duda la legitimidad del Movimiento 15M, pero auguró que si tomaba la senda de iniciar desórdenes públicos no le esperaba «nada positivo». Asimismo, mostró su «más firme rechazo» ante «cualquier intento de coartar el legítimo derecho» de los parlamentarios catalanes de ejercer su labor como legítimos representantes de los ciudadanos.