Garzón logra apartar a los jueces que anticiparon su condena por el franquismo

Baltasar Garzón consiguió ayer un balón de oxígeno dentro de su arduo horizonte judicial. Fue una victoria moral y efectiva, ya que de un plumazo se quitó de encima a cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo que le iban a juzgar por prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) al investigar los crímenes del franquismo.

El juez de la Audiencia Nacional, suspendido en la actualidad de sus funciones, ya se daba por condenado con las resoluciones de los jueces ahora recusados. Estos no admitieron ni una sola prueba en la fase de instrucción, rechazaron todos sus recursos, hicieron caso omiso a la Fiscalía, partidaria de archivar la causa, y avalaron sin fisuras la instrucción del magistrado Luciano Varela, que abrió juicio oral a Garzón por prevaricación continuada, penada hasta con 20 años de inhabilitación.

Los magistrados recusados por la Sala del 61, competente para estudiar este tipo de incidentes, son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y sus compañeros Adolfo Prego, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Joaquín Giménez. Éste último fue el único que aceptó apartarse del proceso después de que Garzón pusiera en duda la imparcialidad del tribunal por haber intervenido en la instrucción de la causa.

Este mismo argumento fue el que utilizó la Fiscalía para apoyar la petición de Garzón. En su informe justificaba el apoyo para evitar cualquier «sospecha» de falta de imparcialidad y que se trataba de una recusación «preventiva».

Para ello, el Ministerio Público puso el ejemplo del exjuez Javier Gómez de Liaño, que el Supremo condenó por prevaricación y años más tarde el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo revocó precisamente porque el tribunal intervino en la instrucción del proceso, lo que puso en duda su imparcialidad.

Gana tiempo

La Sala del 61, compuesta por 16 magistrados, entre ellos el presidente del Supremo Carlos Dívar, cogió el guante a la Fiscalía y decidió aceptar por mayoría sus argumentos. Solo el ponente inicialmente previsto, el presidente de la Sala Militar, Ángel Calderón, se mostró contrario a la decisión y emitió un voto particular. Otro que no participó en la deliberación fue Juan Saavedra, presidente de la Sala Penal, al ser uno de los recusados.

Con esta decisión, Garzón gana tiempo antes de sentarse en el banquillo, ya que obliga a la Sala de lo Penal a sustituir a los magistrados apartados. Esta tarea, curiosamente, recae en el presidente Saavedra y los sustitutos tendrán que salir de entre los magistrados que no está vinculados al proceso. Podrá elegir a cualquiera menos a los recusados y al instructor de la causa, Luciano Varela, que se sumarán a los otros dos miembros sin recusación del tribunal juzgador, Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero.

Solo podrían ser seleccionados para este tribunal los siete magistrados restantes de la sala y los dos eméritos. Existen dudas sobre si algunos de estos jueces podrían estar también «contaminados», habida cuenta de que intervienen en las otras dos causas que tiene abiertas Garzón: las escuchas del 'caso Gürtel' y su mediación en los cobros de los cursos de Nueva York.