El Constitucional lanza un órdago sin precedentes a PSOE y PP

Órdago sin precedentes en la historia del Constitucional. El vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y otros dos magistrados, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, presentaron ayer su renuncia de forma conjunta. Una dimisión inédita que, en realidad, no era más que una medida de presión, con golpe de efecto incluido, acordada entre conservadores y progresistas, para forzar a PP y PSOE a pactar cuanto antes en el Congreso la renovación de los tres dimisionarios, que tenía que haberse producido en noviembre.

Esta crisis institucional 'calculada' fue cortada de raíz por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, a quien corresponde por ley «decretar» o no el cese de los magistrados. Sala dejó pasar unas horas tras el anuncio de la dimisión para que el mensaje calara en el PP y el PSOE, para luego, a primera hora de la noche, apagar el 'incendio controlado' que prendía en el tribunal.

Sala no aceptó la renuncia y justificó su decisión en «el volumen de procesos pendientes» que tiene el tribunal y su «insustituible función institucional». El presidente no se olvidó de recordar de forma solemne a populares y socialistas «la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional legalmente establecidos». Y todo ello con copia al rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado: los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sala esperó a que la dimisión en bloque se hiciera pública, pero lo cierto es que sabía desde el pleno del martes de la semana pasada que los tres juristas querían renunciar «por haber sobrepasado en más de seis meses el mandato de renovación prevenido en la Constitución». Gay añadió a estas razones que ha tenido «la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado».

Aviso a navegantes

El presidente, al final, jugó con los gestos y los tiempos. Tomó la decisión de rechazar las dimisiones y dejar el asunto en un serio aviso a navegantes, sin llegar a desencadenar una grave crisis institucional con un Constitucional muy 'amputado', pero que podía funcionar a pesar de las bajas. Con los ocho magistrados que quedaban se alcanzaba el 'quorum' mínimo para tomar decisiones en pleno. Tampoco variaba el balance de poder, pues se mantenía la mayoría progresista: en ese caso, cinco progresistas frente a tres conservadores. Cada sala hubiese quedado con cuatro miembros, también el mínimo para poder funcionar.

La posibilidad de abrir el melón de la crisis sobrevoló durante varias horas, pues el presidente ya demostró en el pasado que no le tiembla el pulso a la hora de mantener un órdago con los partidos cuando se muestran perezosos en las renovaciones judiciales. En 1996, cuando presidía el Poder Judicial, protagonizó un hecho muy similar. Provocó 'de facto' la disolución del CGPJ al aceptar la dimisión en bloque de seis de los vocales. Pascual Sala, entonces, jugó sus cartas y tardó cuatro meses en decidir si aceptaba o no la renuncia, hasta lograr que los partidos le hiciesen caso.

Los tres magistrados cesantes -según señalaron fuentes del tribunal- reconocieron sin ambages ante sus compañeros que su renuncia era una medida de presión y que su intención era evitar a toda costa el «enquistamiento» ya padecido con la renovación de los cuatro magistrados designados por el Senado, que tomaron posesión el pasado enero tras tres años de retraso por culpa del juego de intereses de los partidos.

Gay, Pérez y Delgado llegaron a la corte en 2001. Su perfil, a pesar del acuerdo para dimitir en bloque, es muy diferente. Gay y Pérez son del denominado sector progresista y votaron a favor del 'Estatut' catalán y de que Bildu participara en las elecciones. Es más, Pérez es la ponente de un borrador de sentencia aún sin deliberar que aboga por modificar alguna de las aplicaciones de la 'doctrina Parot'. Delgado, por su lado, encabeza el flanco conservador y votó en contra de Bildu y por un gran recorte del texto catalán.

El Congreso debería haber designado ya un cuarto nombre: al sustituto de Roberto García-Calvo, magistrado fallecido en 2008 y cuya vacante tampoco ha sido cubierta desde entonces por los desencuentros entre el PP y el PSOE. Los contactos entre socialistas y populares se rompieron definitivamente el pasado 30 de diciembre, cuando el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos después de que durante un mes lo hubiera prorrogado por dos veces para que los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es imprescindible para los nombramientos, pactasen los cuatro aspirantes.

El único acuerdo entre PP y PSOE es que dos de los cuatro magistrados serán designados por un partido y otros dos por el otro. El gran escollo de la negociación tiene nombre y apellidos: el magistrado de la Sala de lo Penal y exportavoz del CGPJ Enrique López. El PP quiere a toda costa que forme parte del Constitucional y el PSOE le veta una y otra vez. Ni siquiera la indisimulada bronca que la presidenta saliente del Constitucional, María Emilia Casas, dedicó en enero a los grandes partidos, a quienes acusó de «incumplimiento grave» de la Carta Magna, hizo que estas formaciones retomasen los contactos. Sin esperar un órdago como el actual, PP y PSOE habían dejado ya este asunto para después de las elecciones generales.