Reforma en equilibrio
La negociación colectiva deberá adecuarse a la tensión competitiva de la economía global
Actualizado:El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley de reforma de la negociación colectiva «reconstruyendo», en palabras del vicepresidente Rubalcaba, los acuerdos a los que habían llegado empresarios y sindicatos antes de dar por finalizadas sus negociaciones. El Ejecutivo socialista trata de apurar la idea de que «en el medio está la virtud» procurando un punto de equilibrio entre los intereses de la patronal y las resistencias de las centrales sindicales. La aprobación, también ayer, del reglamento para los expedientes de regulación de empleo que desarrolla la reforma laboral forma parte del mismo empeño cuando da pie a que puedan extinguirse puestos de trabajo cuando una empresa prevea pérdidas «transitorias». La reducción a 8 o a 14 meses de la prórroga de los convenios, la relevancia que la reforma concede a los pactos de empresa y la flexibilidad que propiciarían tanto el descuelgue salarial respecto a lo establecido a nivel sectorial como la ordenación particular del tiempo de trabajo permiten concluir que la propuesta del Gobierno puede modificar sustancialmente un ámbito que se había mostrado excesivamente anquilosado en cuanto a la adecuación de las relaciones laborales a los requisitos de productividad y rentabilidad inmediata que la economía global impone a nuestras empresas. Aunque sería más razonable que las compañías pudieran tener la potestad de modificar más del 5% del horario pactado en convenio. Sin embargo la reforma propuesta no termina de responder al gran reto al que deberán enfrentarse las relaciones laborales en adelante, que es la permanente tensión competitiva en la que deberán moverse las empresas; de modo que el alcance temporal de los convenios y su contenido tendrá que adecuarse a esas circunstancias. Por su parte, la inclusión en el reglamento de los ERE de aquellas situaciones en las que una empresa prevea pérdidas «transitorias» ahonda en la reforma laboral requerida no solo por la patronal. Pero se echa en falta que la Administración pueda contar también con criterios objetivos de referencia para que sus decisiones futuras no varíen por razones ajenas a los de la viabilidad económica de un determinado proyecto empresarial.