¿Se han parado las obras del tranvía en San Fernando?

«Los trabajos están totalmente paralizados». El delegado provincial de Obras Públicas se mostró seguro de su respuesta aunque luego tuvo que matizar ante la evidencia de que aún hay cuadrillas (como comprobó LA VOZ) de la adjudicataria de la actuación en zonas como la del puente Zuazo o las inmediaciones de la Venta de Vargas. «El auto de paralización habla de unos puntos kilométricos y se han respetado pues los trabajos no afectan a la zona que alude la sentencia», sin definir desde dónde va y hasta dónde llega el tramo. Una argumentación que no comparte el abogado de los afectados, José Antonio Gamero, que insiste que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) afecta a todo el tramo que comprende la calle Real y hasta el caño Zurraque.

«Los jueces estimarán si se ha actuado correctamente o no», zanjó la cuestión Pablo Lorenzo, aludiendo que la Junta contestará en el plazo de 10 días a las acusaciones lanzadas por los expropiados, que incluso enviaron a los tribunales un acta notarial, certificando la continuidad de las obras. Otra batalla legal que no hace más que empantanar una obra que parece no tener fin, ya que debería haber finalizado el pasado mes de mayo, al menos su tramo urbano. Sin embargo, la adjudicataria continúa en el lugar, aunque eso sí con una plantilla muy reducida con respecto a hace unos meses. Curiosamente el único lugar que mantiene las vallas en toda la calle Real es precisamente la zona de Montañeses de La Isla, donde los vecinos ya han comenzado a mostrar su descontento por las dificultades que entraña y por dividir la zona en dos.

Y esta no es la única cuestión que hay que resolver. Sobre la mesa aún está la negociación con los afectados tras las diferentes resoluciones a su favor. El más beneficiado es Joaquín Moreno, el único que no llegó a ningún acuerdo con la administración autonómica y que permitió que las denuncias siguieran adelante. Ayer el delegado de Obras Públicas manifestó que sus peticiones resultaban «desorbitadas» y por tanto inviables para la Junta. «Moreno solicitó en un principio 400.000 euros y ahora pide 720.000 euros, cuando la junta provincial de valoraciones realizó una tasación de 104.000 euros, por tanto aunque tenemos intención de negociar es una cantidad muy elevada».

Desde Obras Públicas se ha defendido cada paso que se ha dado con respecto al tranvía y se asegura que las resoluciones judiciales tan solo hacen alusión a un defecto de forma con el que no se está de acuerdo. Incluso expone que la ocupación de las propiedades de los afectados se hicieron conforme a la legalidad «en el caso de la Joaquín Moreno se hizo tras lograr un auto judicial».

Precisamente la Junta está estudiando nuevas vías legales debido a que la negociación parece haber llegado a un punto muerto, y eso que tan sólo se han sentado en dos ocasiones desde que se conociera el fallo de nulidad del proyecto en el pasado mes de noviembre.

Por otro lado los vehículos estarán listos para septiembre fecha en la que la Junta tiene previsto comenzar las pruebas del nuevo transporte. «Las pruebas se tienen que hacer y si no es aquí entonces se tendrán que hacer en otro lado», finalizó Pablo Lorenzo.