Mayor esfuerzo

Las previsiones de la Comisión Europea sobre España, señalando que su ritmo de crecimiento no será tan positivo como el que contempla el Gobierno y advirtiendo de que nuestro déficit público no podrá reducirse según lo comprometido, insisten en la consideración de que la economía española precisa ahondar en las reformas estructurales y disciplinarse en cuanto a la consolidación presupuestaria. Resulta discutible la fórmula sugerida de incrementar el IVA y los impuestos sobre el consumo energético para procurar un abaratamiento de los costes laborales en cuanto a la Seguridad Social. Pero en todo lo demás se trata de un dictamen redundante que, aun reconociendo los esfuerzos realizados, los considera insuficientes. Las recomendaciones de la Comisión coinciden, además, con la lectura que el Banco de España y diversos servicios de estudio vienen exponiendo sobre los retos inmediatos. Frente a ello las decisiones de quienes gobiernan, las críticas de quienes aspiran a gobernar y la conducta de los actores del diálogo social -empresarios y sindicatos- generan una dialéctica que tiende a posponer los sacrificios colectivos para cuando ya sean irremisibles. Las insuficiencias de la reforma laboral tienden a trasladarse al decreto que apruebe el Consejo de Ministros modificando el marco legal de la negociación colectiva. Los ajustes presupuestarios a los que las comunidades autónomas deben proceder indefectiblemente se pierden en una diatriba partidista en la que el PP ha formulado denuncias de quiebra institucional, sin pararse a valorar la situación de aquellas autonomías que gobierna- mientras el PSOE trata de salvar la cara financiera de las comunidades de cuyo gobierno fue desalojado por las urnas el 22 de mayo. La mera puesta en cuestión de las cuentas públicas entraña un riesgo respecto a los mercados, especialmente cuando provoca acusaciones cruzadas de insolvencia. Pero, más allá de los ajustes que las comunidades autónomas -unas más que otras- precisan acometer para contribuir solidariamente al compromiso común de reducción del déficit, es indispensable que el Estado en su conjunto, en sus tres ámbitos administrativos, se someta a un régimen de adelgazamiento estructural. Es lo que permitiría a España adelantarse a las exigencias que la economía global nos seguirá deparando.