El CGPJ rechaza las «gravísimas descalificaciones» de Conde-Pumpido contra ese órgano

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad rechazar por infundadas las acusaciones que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, vertió contra el órgano de gobierno de los jueces, al que acusó de querer "convertirse en legislador". Para el CGPJ, constituyen una "gravísima descalificación" a un órgano constitucional del Estado.

La Comisión ha estudiado este asunto a raíz de una queja presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez contra el Fiscal General del Estado por emitir estas críticas en una comida celebrada el pasado jueves en Madrid ante altos representantes de la Justicia española. En el lugar estaban presentes los más importantes representantes de la Justicia, como el ministro Francisco Caamaño; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar; el del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, entre otros. También asistió el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.

Cándido Pumpido hizo estas acusaciones, en alusión a las reuniones mantenidas entre el CGPJ y los grupos parlamentarios para agilizar la tramitación de tres normas relacionadas con la modernización de la Justicia.

El acuerdo, adoptado por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Antonio Dorado, Margarita Robles, y Manuel Almenar, reprueba que las palabras de Conde Pumpido "no sólo carecen del menor fundamento", sino que además "significan una gravísima descalificación de este órgano constitucional del Estado".

La Comisión Permanente ha rechazado esta acusación por ser "absolutamente infundada" y ha expresado su preocupación al entender que estas actuaciones "no facilitan la colaboración" entre la Fiscalía y el CGPJ. En este sentido, destaca en un comunicado que ambas instituciones son "fundamentales" para el funcionamiento del orden constitucional.

Cumplimiento de la ley

Tras ello, hace una defensa del órgano de gobierno de los jueces, subrayando que ha actuado en todo momento dentro del "más estricto" cumplimiento de su obligación basada en sugerir a los poderes legislativo y ejecutivo las medidas que considera necesarias que los jueces y magistrados deben acometer para mejorar la Justicia en beneficio de todos los ciudadanos.

"Por eso, en ejecución de los correspondientes acuerdos del Pleno, su presidente asumió el encargo de apoyar reformas procesales que permitan agilizar los diferentes procesos y designó, al amparo de la normativa vigente, a una comisión específicamente encargada de impulsarla ante los poderes legislativo y ejecutivo, y ante los partidos políticos", remarca.