El Gobierno confirma su «intención» de congelar el precio de la luz en julio

Una de cal y una de arena. Después de subir un 9,8% a principios de año la tarifa de la luz de último recurso (TUR), que pagan 20 millones de hogares, pequeños comercios y beneficiarios del bono social, el Gobierno confirmó ayer su «intención» de congelar el precio del suministro a partir del 1 de julio, salvo que hubiera un resultado «muy negativo» de la subasta Cesur del próximo 21 de junio, que determinará los precios de la electricidad en el tercer trimestre.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, fue más allá y expresó su deseo de mantener los precios en su nivel actual hasta finales de año.

Sebastián hizo esas declaraciones en Madrid tras clausurar un acto sobre la transformación del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). «En función de la subasta, el Gobierno tomará la decisión para la reducción del déficit tarifario, pero (ya) exigimos un esfuerzo muy importante a los ciudadanos en enero, así que nuestra intención sería, a no ser que la subasta fuera muy, muy, muy negativa, no volver a tocar la luz este año», explicó. La subida que entró en vigor a principios de 2011, la mayor jamás aplicada, fue «excepcional, inevitable y necesaria», subrayó.

Pese a la claridad del mensaje, el responsable de Industria no quiso poner la mano en el fuego y abogó por esperar a que se realice la subasta y a analizar la evolución del déficit tarifario. La tarifa eléctrica de último recurso, la única que fija el Gobierno y de la que se benefician los contratantes de una potencia inferior o igual a 10 kilovatios, se compone de una parte regulada y otra que depende de la subasta Cesur. Una vez cada tres meses los comercializadores compran a un precio fijo la mayor parte de la electricidad que venderán en los meses siguientes a sus clientes. La puja se realiza a precio descendente y después se firman los contratos. Este sistema permite establecer un precio sin las fluctuaciones del mercado mayorista diario, pero la Comisión Nacional de la Energía ha llegado a denunciar fuertes subidas de precios en los días previos a la operación.

La última subasta, que sirvió para fijar la tarifa desde abril, se saldó con una bajada del coste en torno al 10%. Esa caída no sirvió para abaratar el recibo, ya que el Ejecutivo la aprovechó para aumentar un 10% los peajes de acceso, que pagan todos los consumidores y que retribuyen costes regulados como el transporte de la energía, su distribución o las primas a las renovables. Su encarecimiento perseguía hacer frente al déficit de tarifa, que se genera porque los costes del sistema son mayores que sus ingresos.

Sebastián también dejó la puerta abierta a mantener más allá del 30 de junio los actuales límites de velocidad, que impiden circular a más de 110 kilómetros por hora en todas las autovías y autopistas. El Gobierno, aclaró, «barajará todos los pros y contras» antes de decidir si prorroga o elimina esa limitación, que en su día anunció como «transitoria» y que entró en vigor el pasado 7 de marzo como medida de ahorro energético ante la subida del petróleo derivada de las revueltas en los países árabes.

Su vigencia estaba previsto que expirara a finales de este mes. Sin embargo, Sebastián confirmó que el Ejecutivo estudia mantenerla ante el «enorme» ahorro logrado. «La evolución de los precios del petróleo está yendo bastante bien y es un argumento para levantar la limitación, pero también hay que decir que el ahorro está siendo enorme, más de lo esperado, y eso sería un argumento para mantenerlo», insistió.