Los empresarios marcan su territorio para las futuras reformas laborales

Los convenios laborales se reformarán por decreto. Empresarios y sindicatos se acusan mutuamente de ser causantes de la quiebra del entendimiento que persiguieron durante cuatro meses de encuentros. Sacar adelante un cambio firmado por ambas partes hubiera sido una demostración de que los interlocutores sociales estaban dispuestos a ceder lo que fuera necesario para reducir con la máxima celeridad un registro de parados -casi cinco millones-, problema que reconocen como la «gran tragedia» de la economía española. También se jugaba en ello la posibilidad de la 'foto' de un nuevo acuerdo y generar algunos réditos políticos para un Gobierno en franca decadencia. No pudo ser.

Las centrales aseguran que la política se interpuso en la recta final, cuando faltaba «apenas un cuarto de hora» para la firma. La patronal matiza ahora que su plena disposición a negociar pudo interpretarse como un principio de acuerdo, cuando a su mesa seguían llegando propuestas más contundentes de las distintas organizaciones que la conforman, y cuyo contenido no podía obviar. ¿Negoció el presidente de CEOE, Juan Rosell, más allá de lo que su mandato le facultaba? O, más bien, ¿fue la abultada derrota socialista en las elecciones municipales y autonómicas lo que llevó a pensar a distintas agrupaciones empresariales que era «mejor esperar», antes que pactar lo que un futuro Gobierno del PP podría legislar desde posiciones más cercanas a sus intereses? Las opiniones siguen divididas.

La historia reciente de la patronal viene determinada por las nuevas relaciones entre organizaciones. Juan Rosell llegó el pasado diciembre a la presidencia tras una etapa de sensible deterioro de la representación empresarial. La situación de las empresas de su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán, menguó hasta tal punto el prestigio de la organización que el principal interés de los asociados fue contar para el relevo con una figura 'limpia' y de consenso.

De partida, el origen catalán de Rosell levantó fuertes suspicacias. Desde su posición favorable al 'Estatut' hasta las insinuaciones de sus enemigos sobre la débil defensa que podría ejercer de la unidad de mercado -una acusación de la que nunca existieron pruebas- su candidatura hubo de afrontar abundantes críticas. Hasta que, en un almuerzo en el restaurante madrileño Ponteareas, se cocinó lo que parecía impensable. La organización de los empresarios madrileños CEIM, con su presidente Arturo Fernández al frente, estaba dispuesta a apoyar al candidato catalán.

El empresario hostelero Fernández, muy próximo a las posiciones de la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, otorgó su apoyo a Rosell sin más condicionamientos que su aspiración a contar con una fuerte presencia en la reformada estructura de la confederación. No era una petición fuera de lo común. De hecho, CEIM tenía prácticamente garantizada, aunque solo fuera por el peso de su territorio, una vicepresidencia.

Llamada al orden

Pero CEIM se ha erigido, finalmente, como la responsable de «llamar al orden» al presidente Rosell. Las conversaciones para la reforma de la negociación colectiva avanzaban en términos de consenso cuando desde una reunión del comité ejecutivo de CEOE, celebrado el 18 de mayo, se emitió un duro comunicado que encendió todas las alertas: los empresarios entendían que las propuestas colocadas sobre la mesa no les resultaban en absoluto satisfactorias.

Fue en la noche anterior, en una cena protagonizada por significados dirigentes de CEIM cuando se dejó claro que no se podía suscribir un acuerdo en los débiles términos que se estaban manejando. Los avances en la liberalización del marco de las relaciones laborales se consideraron tan débiles como ineficaces para los propósitos que se pretendían. Con las tensiones a flor de piel, los empresarios paralizaron el envío del documento-propuesta que los sindicatos esperaban recibir el viernes 20 de mayo. La alternativa les llegó el lunes 23, ya conocidos los resultados de los comicios y, para su sorpresa, el texto presentaba sustanciales cambios.

Las diferencias eran tan notables que los desacuerdos pronto se hicieron públicos. Los empresarios madrileños no tuvieron el menor empacho en publicar en su web sus verdaderas apuestas. También dejaron claro, en un documento presentado a la junta directiva de CEOE el 25 de mayo, que en modo alguno veían reflejada su postura en los documentos de la mesa negociadora.

CEIM apuntaba algo más: «Entendemos que la reforma de la negociación colectiva que se vislumbra como posible (...) no alcanza en modo algunos los niveles mínimos de exigencia». Y añadía una apostilla que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones: «Alcanzar un acuerdo en estos momentos que no satisfaga las exigencias de libertar y adaptabilidad que demanda el mercado no solamente va a defraudar a nuestras empresas, sino a limitar la capacidad legislativa de quien, a futuro, debe afrontar las riendas de las necesarias reformas que han de llevarse a cabo en España en los próximos tiempos».

CEIM no era la única en defender que la oportunidad de cambiar debe ir más lejos, apuntan otras fuentes que remiten al Consejo de Competitividad (las grandes empresas) como inspiradoras de la ruptura. Lo que el Gobierno legisle siempre irá un punto más allá de las posiciones de los sindicatos, sugieren. Y añaden que en un proceso como la reforma laboral, lo único impensable es una «marcha atrás».