Regulación bancaria

El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para corregir ciertas prácticas de las entidades financieras, que evocarían algunas de las causas de la crisis internacional desatada por las 'subprime', desarrolla dos directivas de la UE referidas a la gestión de los recursos propios de las mismas y a la remuneración de sus responsables. La iniciativa del Gobierno trata de desincentivar la especulación financiera, tanto desde el punto de vista de la penalización de aquellos productos que se excedan en el interés ofertado respecto al euribor, como en cuanto al establecimiento de pautas que vincularán los ingresos a percibir por los directivos a los beneficios consolidados que cada entidad obtenga en el medio plazo. La espiral bancaria por la que unas u otras entidades han ido sacando al mercado propuestas con rentabilidades superiores al 4% para así atraer ahorros depositados en la competencia activa sin duda la vida financiera, pero induce al mismo tiempo un encarecimiento del crédito que puede afectar negativamente a la llamada 'economía real' y al endeudamiento de las familias. Pero la obligación introducida por el nuevo decreto ley para que la 'guerra de depósitos' obligue a quienes participen en ella a contribuir al Fondo de Garantía con una aportación creciente y proporcional a la rentabilidad ofertada, puede constituir una medida tan disuasoria para las entidades bancarias y para los propios ahorradores que acabe retrayendo o derivando sus opciones con perjuicio para la economía nacional. Por su parte era obligado vincular las percepciones de los directivos que rigen la actividad bancaria a los resultados que cada entidad obtenga más allá de lo inmediato, impidiendo en todo caso que la fijación de su parte variable obedezca a decisiones corporativas arbitrarias o sencillamente codiciosas. La medida determina un perfil para el directivo bancario y para su actuación al frente de la tarea que le sea encomendada, comprometido con la marcha real del negocio y con menos expectativas a corto plazo. Es seguro que ello generará movimientos en las cúpulas ejecutivas del sector, pero es de esperar que la resultante no afecte negativamente, sino todo lo contrario, a la solvencia de nuestras entidades financieras.