El Gobierno limita el salario a los directivos del sector financiero

La llama que encendió la mecha de la crisis, eso ya nadie lo discute, fueron las políticas de algunas entidades financieras que tomaron riesgos infinitos en busca de altísimas rentabilidades a corto plazo. Esa relajación de unos mínimos de prudencia trajo el mayor 'shock' económico desde los años 30 y, casualmente, se llevó por delante a alguna de las entidades que apostaron más fuerte. Ahora, y tras ser apremiado por Bruselas, el Gobierno toma cartas en el asunto aprobando un real decreto que limita las retribuciones de los banqueros -con mayor énfasis en las entidades que reciban dinero público- y castiga la 'guerra de depósitos' desatada en España. El objetivo, imponer cordura en el sistema y abrir el grifo del crédito.

Era una cuestión casi de pudor. Las noticias de los bonus millonarios en ciertas entidades que arriesgaron más que nadie han indignado al común de los mortales. Más si cabe cuando en media Europa, de una u otra forma, los Estados han tenido que salir al rescate del negocio financiero con el dinero de los contribuyentes. El Ejecutivo traspone así varias directivas comunitarias que tendrán un primer impacto en los bolsillos de los altos directivos del negocio financiero.

La idea es evitar tentaciones que desestabilicen el sector a través de incentivos perversos que premien la asunción de riesgos cortoplacistas. «Queremos alentar lo contrario de lo que se ha hecho», afirmó al presentar el real decreto el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien insistió en que la intención del Ejecutivo es fomentar prácticas «antiespeculativas».

En línea con las recomendaciones del Comité de Estabilidad Financiera europeo, el real decreto se centra en aquellos directivos cuyo desempeño tenga «un impacto sobre el perfil de riesgo», para los que bancos y cajas deberán instaurar una política salarial «coherente con una gestión eficaz del riesgo». Así, el pago de la parte variable de su sueldo (en concreto, entre el 40% y el 60% de este concepto) se deberá diferir al menos tres años.

Al tiempo, y para alinear esos incentivos con los de los accionistas, al menos el 50% de la variable se deberá pagar en acciones o instrumentos similares que relacionen los pagos con los resultados a largo plazo de la entidad, sea diferido o no. Para evitar 'atajos' extraños, dentro de de la remuneración se incluirán también los beneficios discrecionales de los planes de pensiones.

Especial importancia, por la situación que vive el negocio en España, tiene el apartado dedicado a los salarios en el caso de aquellas entidades auxiliadas por el erario público. En este caso, la remuneración de los directivos «solo será posible si está justificada a juicio del Banco de España». De hecho, el regulador podrá limitar toda la remuneración y no sólo la variable.

Otro de los pilares de la norma es el que hace referencia a los depósitos a plazo o a la vista. Un producto que no es nuevo pero que en los últimos tiempos, y ante la sequía de los mercados internacionales, ha llevado a bancos y cajas a ofrecer rentabilidades altísimas para captar liquidez. Es la denominada 'guerra del pasivo' que, según PérezRubalcaba, el Gobierno quiere desactivar para intentar que el crédito se anime y se abarate.

El real decreto multiplica por cinco la aportación que las entidades han de hacer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) si la remuneración que pagan al cliente supera ciertos límites. En concreto, obliga a pagar al fondo un 0,5% del nominal de los depósitos frente al coste actual, que ronda el 0,1%. El FGD es la 'hucha' que alimentan bancos, cajas y cooperativas de crédito con la que se cubre hasta 100.000 euros por depositante y entidad. La norma fija límites (en base al euribor más un porcentaje) según el plazo del depósito que, en el caso de productos a un año o más, se fija en el 3,137%.

Las entidades comunicarán trimestralmente al Banco de España el importe total de sus depósitos y pagarán lo que les corresponda. Además, la ministra de Economía podrá modificar los límites a partir de los que entra en funcionamiento el nuevo sistema así como el coste que tenga superarlos.

El real decreto incluye también nuevos requisitos prudenciales sobre algunos productos financieros híbridos (como las participaciones preferentes), las titulaciones o sobre la concentración de riesgos en un único cliente o grupo de clientes vinculados entre sí.