Una jueza ordena indemnizar con 200.000 euros a una niña que quedó coja tras una prueba

Una jueza ha ordenado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemnice con 207.621 euros a una niña por las secuelas permanentes que le ha dejado una prueba médica, concretamente una punción lumbar. La menor sufre una deformidad que se conoce como pie equino varo, que le impide caminar con normalidad. La resolución judicial estima parcialmente el recurso presentado por la familia de la pequeña, que rechazó la cuantía que ofreció el SAS, que ascendía a 58.109 euros. Los padres consideraron insuficiente esta cantidad y recurrieron a la vía contencioso-administrativa.

Tras siete años de lucha, la sentencia, contra la que cabe recurso, argumenta que no hay controversia sobre la relación causal -que ya había sido reconocida por el SAS-, pero sí sobre la suma de indemnización. La jueza la incrementa considerablemente al cifrar las secuelas en 71 puntos. «Para hacerse una idea del baremo, el coma en estado vegetativo, la peor situación imaginable sin contar la muerte, supone 100 puntos», explica el abogado de la familia, Juan Godofredo Giménez.

La menor tiene nueve años y no puede hacer las actividades propias de una niña de su edad. Su pie derecho se ha quedado torcido hacia dentro, por lo que camina con dificultad, apoyando la parte exterior. Correr o saltar le cuesta un mundo.

La lesión se produjo cuando solo tenía dos años. En febrero de 2004, la niña ingresó en el Hospital Materno Infantil para someterse a quimioterapia con el fin de combatir la leucemia que padecía. Los médicos le hicieron una punción lumbar previa a la administración del tratamiento contra el cáncer, al que ha respondido satisfactoriamente. Sin embargo, al cabo de unos días, la pequeña no podía mover la pierna derecha.

Los padres pasaron por varios especialistas para intentar corregir la lesión, que no hizo más que empeorar. La familia presentó una reclamación al SAS. El dictamen del Servicio de Aseguramiento reconoció que el cuadro que presentaba la niña no estaba contemplado entre los posibles riesgos del tratamiento. «[...] Es un daño efectivo e imputable a la Administración, al haber quedado probada la relación causal entre la asistencia sanitaria y el perjuicio alegado», determinó este departamento.

Por una inyección

El SAS admitió que la lesión había sido causada por una afectación nerviosa «a consecuencia de una inyección intratecal». Sin embargo, en la resolución administrativa, rebajó un 40% la indemnización calculada por el Consejo Consultivo de la Junta, pasando de 102.903 a los 58.109 euros que ofrecieron a la familia.

Ahora, la jueza de lo contencioso-administrativo incrementa la cuantía por los daños estéticos y psicológicos que viene padeciendo la niña. «Aún no sabe lo que tiene», cuenta el padre. «Pregunta mucho, pero le damos vueltas y procuramos que no se entere. No sé qué pasará por su cabeza, pero yo sufro mucho».

La sentencia no consuela. «Ni por todo el oro del mundo. Preferiría no tener nada y que mi hija estuviese bien. No hay posibilidad de curación ni tratamiento. El dinero servirá para operarla, pero se quedará así para siempre», concluye el progenitor.