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Economia

Loterías saldrá a Bolsa en noviembre en busca de pequeños ahorradores

Salgado explica que los ingresos de la privatización no se pueden destinar a reducir el déficit

M. JOSÉ ALEGRE
MADRID.Actualizado:

El perro Pancho que se fugó con un premio y el enigmático calvo que promocionaba el Gordo navideño ya forman parte del imaginario popular. Loterías y Apuestas del Estado quiere aprovechar este tirón, y se plantea colocar entre los ahorradores domésticos hasta un 60% del 30% de su capital -unos 6.500 millones como poco- que prevé sacar a Bolsa en noviembre. También se plantea otros incentivos para captar a los inversores, entre ellos el reparto mensual de dividendos, cuando es habitual en las compañías el reparto anual, con anticipos a cuenta en periodos más cortos. El porcentaje de ganancias a distribuir podría estar en torno al 80%.

La oferta busca un atractivo parecido al que, a finales de los años sesenta, alcanzaron las 'matildes', así bautizadas porque el actor José Luis López Vázquez anunciaba a gritos a su mujer que ya le había comprado acciones de Telefónica. La operación es la mayor salida a Bolsa que se llevará a cabo en la historia de los mercados españoles y reúne el atractivo de ser un negocio poco vinculado a las vicisitudes del ciclo económico. Con la crisis, los ciudadanos siguen jugando, con la esperanza de que un golpe de suerte cambie el rumbo de sus vidas.

Dependiendo de que se tome en cuenta o no el potencial de los nuevos juegos, un eventual desarrollo internacional -a través de la exportación de tecnologías-, y de los programas de recortes de costes, el valor patrimonial de la sociedad podrá superar con la cifra estimada de 21.000 millones de euros, de manera que la colocación estará en condiciones de rebasar los 6.500 millones de euros de los primeros cálculos.

El récord actual de ofertas públicas de venta lo tiene Endesa, cuya última oferta de acciones data del verano de 1998. Aquel año, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colocó 306,80 millones de acciones de la compañía eléctrica, equivalentes al 29,5% del capital. El Estado ingresó por aquella colocación 6.250 millones de euros, gracias sobre todo a las suscripciones de los inversores particulares, que compensaron el escaso interés de los institucionales.

El calendario establecido revela que la salida a Bolsa de Loterías no interferirá con los planes de las cajas de ahorros. Bankia y Banca Cívica intentan captar inversores antes del verano, o en el mes de septiembre, en el peor de los casos. Aurelio Martínez, presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), explicó en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum que a finales junio se cerrará la elección de los bancos que actuarán como coordinadores generales.

La asesoría jurídica de la operación se ha asignado a Clifford Chance a nivel internacional, mientras que el bufete Uría y Menéndez ha sido elegido para el asesoramiento jurídico nacional. PricewaterhouseCoopers (PwC) Asesores de Negocios se encargará del servicio de asesoramiento estratégico. Los analistas podrán examinar los detalles de la operación después del verano, y el proceso de colocación arrancará en octubre. Todo lleva a pensar que, si las circunstancias económicas se mantienen, y la evolución de los mercados no lo desaconseja, Loterías empezará a cotizar en Bolsa a primeros de noviembre.

Aunque los planes iniciales se limitan a sacar al mercado el 30% del capital, la privatización podría llegar en sucesivas fases hasta un 49%, con la garantía de preservar la mayoría en poder del Estado. No obstante, el presidente de la sociedad, consideró «una garantía», la permanencia de una significativa cuota de la empresa en manos públicas.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, que presentó a Martínez en el encuentro informativo, explicó que la privatización del organismo público lleva a cabo por razones de eficiencia y no con la finalidad de reducir el déficit público. Los fondos que se recauden no podrán destinarse a rebajar los números rojos de las cuentas del Estado, aunque servirán para recortar la necesidad de las emisiones que lleva a cabo el Tesoro con el fin de aliviar el volumen de deuda o cubrir las amortizaciones. Por añadidura, Salgado argumentó que la venta de una parte del negocio responde al objetivo de «mejorar la rentabilidad y la eficiencia».