Ajuste compartido

El déficit público correspondiente a las comunidades autónomas continúa presentando un panorama desigual al término del primer trimestre, entre unas comunidades que pueden ceñirse al compromiso establecido de acabar el año con un máximo del 1,3% y otras que deberán acometer ajustes drásticos para no lastrar el saldo territorial en su conjunto. La fijación por ley de un techo de gasto que tenga en cuenta la evolución del PIB de cada comunidad, recomendada por el comisario Almunia, constituiría una medida que introduciría un criterio común a todas ellas, de manera que no se perpetúen situaciones de insolidaridad según su mayor o menor disciplina presupuestaria. Pero junto a ello es obligado reconocer que las autonomías asumen la mayor parte del gasto social del Estado en educación, sanidad y diversos servicios o coberturas, con la dificultad que entraña reducir su cuantía sin afectar directamente al bienestar de los ciudadanos. Es cierto que todos los presupuestos autonómicos consignan algunas partidas excesivas e incluso prescindibles. Pero no es menos cierto que las cuentas de la Administración central siguen brindando más posibilidades de ajuste, en el punto al que ha llegado el Estado de las autonomías, para garantizar que el déficit público de España no supere el 3% en 2013.