García-Pelayo apuesta por rebajar la confrontación judicial en la política

La alcaldesa electa y líder popular, María José García-Pelayo, expresó ayer su satisfacción por el archivo de la denuncia por el 'caso Gürtel' por parte del juez Pedreira, que instruye el caso. Una satisfacción «por supuesto dentro de la normalidad y sin sorpresas», ya que la denuncia «no tenía rodaje judicial», puntualizó la también presidenta local de los populares y parlamentaria andaluza. Y es que García-Pelayo entiende que «el expediente -en referencia a las contrataciones de Fitur 2004- fue tramitado de manera impecable», por lo que pidió al grupo socialista que «a partir de ahora sean más prudentes y rigurosos a la hora de plantear este tipo de denuncias» donde se «cuestionan el honor y la dignidad de las personas». En definitiva, que «se lo piensen dos veces antes de plantear este tipo de acciones», ya que «la oposición tiene que ser más rigurosa a la hora de denunciar».

«Podremos cometer errores, pero nunca vamos a incumplir la Ley», indicó además la alcaldesa electa, matizando que «el expediente estaba tramitado cumpliendo escrupulosamente todos los requisitos establecidos». Lo que había, por tanto, era «un intento por parte del grupo socialista de crear un culebrón judicial». Dicho de otro modo: «Han estado intentando vender una película que no existía, lo que se ha demostrado ya que la denuncia no ha sido admitida a trámite».

Pero hay algo más que subyace en todo este asunto, ya que esta cuestión ha tocado un tema especialmente sensible en la vida política de la ciudad: la continua judicialización. «Espero que se replanteen la oposición que tienen prevista», indicó García-Pelayo, que confía en que este sea el punto de partido para evitar una confrontación «estéril» a estos niveles.

Fue el lunes cuando se conoció que el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, decidió archivar la denuncia contra María José García Pelayo, a la que se acusaba de realizar en 2004 adjudicaciones ilegales a empresas de la trama.

En un auto fechado ese mismo día, Pedreira disponía no admitir a trámite los escritos de acusación por prevaricación contra García Pelayo y archivar la causa por «inadmisibilidad» y «desestimación» de los mismos. El magistrado dice también en su escrito que, «de la misma forma que se rechazó por el TSJM conocer de las vicisitudes del caso Correa en Valencia» ahora procede rechazar «el conocimiento de las actuaciones en Madrid derivadas de las actuaciones de Andalucía». La pieza llamada «Denuncia Ayuntamiento de Jerez» tiene su origen en febrero de 2009, cuando la actual alcaldesa en funciones, Pilar Sánchez Muñoz, envió al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba el caso documentación sobre los contratos realizados por su antecesora con Special Events.

En enero de 2011, Pablo Nieto Gutiérrez, un concejal del PSOE en Boadilla del Monte (Madrid) presentó una denuncia contra García Pelayo, instando la aclaración de «unos hipotéticos hechos» que coinciden con los remitidos dos años antes por Sánchez Muñoz.

Solo cabe ahora reiniciar el procedimiento a través de un juzgado de Jerez y a partir de ahí ir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No obstante, fuentes vinculadas al PSOE han manifestado a este medio que lo más probable es que se apueste por no remover más este asunto.