El Estado asegura que «no le debe nada» a Ruiz-Mateos

El Ministerio de Economía y Hacienda afirma que el Estado español «no debe nada a José María Ruiz-Mateos ni a su familia», después de el Tribunal Supremo haya dictado más de 200 sentencias firmes contrarias a los intereses del empresario andaluz, informó ayer en un comunicado.

El departamento de Elena Salgado afirmó ayer que se considera «obligado» a realizar esta aclaración después de que el fundador de Nueva Rumasa haya ofrecido a los titulares de los pagarés emitidos por el grupo la cesión de sus «derechos de cobro» en los pleitos contra el Estado por la expropiación del antiguo 'holding de la abeja', como una garantía adicional de pago de las aportaciones que les adeuda.

El último fallo del Supremo, según explica el Gobierno, se produjo el 22 de noviembre de 2004, cuando se fijó un valor de «cero pesetas» como justiprecio del grupo empresarial Rumasa.

«Consecuentemente, hasta la fecha no ha existido ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz-Mateos) de Rumasa «, remarca el comunicado.

El Ministerio de Economía y Hacienda indica que, si bien la familia Ruiz-Mateos ha iniciado procedimientos reclamando la retasación de las empresas expropiadas, el único fallo judicial hasta la fecha, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en febrero de 2010, «es contrario a sus pretensiones y no reconoce a su favor derecho de pago alguno».

En esta línea, desde el Estado se subraya que el resto de los procedimientos de retasación iniciados tienen un «planteamiento idéntico al que ha sido desestimado».

«No existe ni hay previsión de que exista ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el señor Ruiz-Mateos», recalca el Ejecutivo, que considera que «estos datos hablan por sí mismos» y advierte de que «deben ser tenidos en cuenta y valorados» por los titulares de pagarés y de participaciones de las empresas que conforman Nueva Rumasa.

Además, el Ministerio de Economía insiste en que la emisión de su comunicado se debe a que «el Estado español es mencionado en la propuesta como supuesto y eventual titular de unas obligaciones de pago que niega y combate y que, hasta ahora han sido totalmente rechazadas por los tribunales de Justicia».

Advertencia de los abogados

Por su parte, también desde Iure Abogados ha advertido a los cerca de 5.000 inversores en pagarés de Nueva Rumasa de que la familia Ruiz-Mateos pretende «colocar» la responsabilidad del pago de los créditos contraídos contra ellos al Estado español, según informa el despacho en un comunicado.

Estos abogados -que han creado un grupo de trabajo de expertos en derecho mercantil, concursal y penal para asesorar a los posibles afectados- alertaron de que la «verdadera intención» de la escritura que ofrece firmar el emisor de los pagarés a los inversores es quedar «exonerado de la responsabilidad en la atención de los créditos, al quedar liquidada la deuda con motivo de la aceptación de la propuesta».

Tras estudiar el contenido de la oferta, los expertos señalaron que «no es de esperar que se produzca indemnización alguna por parte del Estado español».

Además, los abogados explicaron que en caso de que los inversores acepten la oferta, deberán entregar los pagarés a Nueva Rumasa un vez llegue su vencimiento, lo que supondría renunciar a la deuda y salir de la lista de acreedores de los distintos procesos concursales de las empresas del grupo.

Iure Abogados añadió que, de esta manera, los inversores únicamente podrán recuperar su dinero en el caso de que el Estado llegue a indemnizar a Ruiz-Mateos.