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La jueza Alaya encara el final del sumario por las comisiones en Mercasevilla
La magistrada rechaza el incidente de nulidad solicitado por el exgerente imputado Fernando Mellet
Sevilla Actualizado: GuardarLa jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla, ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el exdirector general del merca Fernando Mellet y ha dado traslado a los abogados defensores para que presenten sus escritos en el plazo de cinco días.
Así lo han dado a conocer a Europa Press fuentes del caso, que han precisado que la juez Mercedes Alaya ha dado cinco días a los abogados de los imputados en esta rama de la investigación, como son Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, al objeto de que presenten sus escritos de defensa.
Hay que recordar que, dentro de esta causa, que será enjuiciada por un jurado popular, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 18 de diciembre de 2007 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Fundación Socioasistencial de la sociedad mixta Mercasevilla , la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y la empresa ‘Alazar’, perteneciente al grupo hostelero ‘La Raza’, suscribieron un protocolo en el que «ya se mencionaba» la creación de un centro de formación de hostelería en los suelos de Mercasevilla, dirigida entonces por Mellet.
A tal efecto, Mellet solicitó el 1 de agosto de 2008 «formalmente» al Servicio Andaluz de Empleo una subvención para creación de esta escuela de hostelería. El 16 de diciembre de 2008, a tal efecto, el presidente del SAE visaba la concesión de esta resolución por un importe de 900.000 euros. Es entonces, según este documento, cuando el otrora delegado provincial de Empleo «se pudo en contacto» con Mellet y «de común acuerdo», con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros a cambio de que fuera el grupo Alazar quien se encargara de la gestión y explotación del centro de formación». Daniel Ponce y María Regla Pereira, según el escrito de acusación, estaban «enterados de esta decisión y aceptaron colaborar» con Rivas y Mellet.
El primer encuentro
Dado el caso, el 16 de enero de 2009, el entonces director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce celebró una reunión con el responsable del grupo ‘La Raza’ Pedro Sánchez Cuerda, actualmente presidente de la patronal hostelera de Sevilla. En tal encuentro, Ponce habría reclamado al empresario la entrega de 300.000 euros a cambio de la adjudicación de la gestión de la futura escuela de hostelería «so pretexto de que era ‘una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía’», pidiendo otros 150.000 euros por los costes de la instalación eléctrica de la parcela que habría de albergar la futura escuela de hostelería. Regla Pereira, según la Fiscalía, habría asistido «parcialmente» al encuentro «reforzando la petición» de Ponce.
Ya el 27 de enero de 2009, fue celebrado un segundo encuentro entre Sánchez Cuerda, su socio José Ignacio de Rojas, Ponce y Mellet, una reunión que fue grabada en secreto por los dos empresarios. En tal encuentro, Mellet y Ponce «insistieron en la petición de las cantidades de dinero, reforzando su petición con el falso argumento de que lo pedido no era para ellos, sino para ‘una colaboración con la Junta’». La grabación, finalmente, fue entregada por estos dos empresarios a la Consejería de Empleo, que elevó el material sonoro a la Fiscalía de Sevilla dando pie a las primeras diligencias correspondientes a la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción número seis en torno a la gestión del mercado central de abastos.