La política vence al Supremo y Constitucional

«La Justicia no tiene arreglo. Dan ganas de unirse a los 'indignados' de la Puerta del Sol». La frase no corresponde a un ciudadano en paro, ni a un joven estudiante que ve negro su futuro, ni a una persona desengañada de los partidos políticos. La expresión proviene de un magistrado con larga experiencia en el Tribunal Supremo y ejemplifica el sentir de una parte de los jueces que ejercen en la capital del Estado.

Los recientes procesos contra Bildu y Sortu, así como la intención del Constitucional de anular la 'doctrina Parot', en contra del criterio del propio Supremo, han puesto de manifiesto que la judicatura española vive, una vez más, momentos de máxima tensión. Hasta tal punto que sus últimas decisiones -las referidas a las dos marcas de la izquierda 'abertzale' o la absolución de Arnaldo Otegi por un presunto delito de enaltecimiento de ETA por el mitin de Anoeta en 2004- han roto por la mitad a la cúpula judicial y sus dictámenes han salido adelante por un solo voto de diferencia.

Atrás han quedado los años en los que las cuestiones relacionadas con la antigua Batasuna eran resueltas por unanimidad. Ahora, los máximos tribunales del país se parten en dos por un mismo punto. A un lado quedan los magistrados conservadores y moderados, a los que desde fuera se les sitúa en la órbita del PP. Al otro, el sector progresista, el que dicen es más cercano al PSOE. ¿Por qué? La sensación mayoritaria entre los jueces es que la política ha ganado la batalla y «ha enfangado» al Supremo y al Constitucional. «Así no se puede trabajar. Se están produciendo presiones graves», confiesa otro magistrado que conoce la dinámica de la Sala del 61, la que aplica la ley de partidos.

Todas las fuentes coinciden en que los más altos tribunales del Estado se están viendo sometidos a fuertes «empujones» por parte de las formaciones que dirigen Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Las máximas instituciones judiciales han vivido desde sus inicios en el ojo del huracán. Lo recordaba en privado esta semana un letrado que trabajó en el Constitucional.

Diferencia

La diferencia estriba ahora, según varios juristas, en el clima de «enfrentamiento» sin solución entre los dos grandes partidos. Una lucha que parece no remitirá hasta las elecciones generales del próximo año. «El Supremo y el Constitucional -sostiene un juez del primero de esos órganos- son el reflejo de un país roto, disparatado, en el que existe una fragmentación terrible en todos los temas de relevancia política. Estamos en una continua riña de vecinos que se ha trasladado a los tribunales».

Muchos achacan todos estos males al sistema de elección de los magistrados. Para el Supremo, la designación se efectúa a través del Consejo General del Poder Judicial, cuyos 21 miembros son propuestos por PSOE y PP. Para el Constitucional, son el Congreso y el Senado los que tienen la última palabra. Y en ambas cámaras es necesario que socialistas y populares se pongan de acuerdo. Si no hay consenso, la plaza queda vacante, como sucede con el hueco dejado en el TC por Roberto García-Calvo, fallecido en 2008.

La sensación generalizada es que no siempre se escoge a los más preparados y con mejor currículum. «Nombran a los de su cuerda y luego tiran desde fuera», asegura un vocal que está ya en la última etapa de su carrera profesional. Otras fuentes sostienen que las presiones no son tan directas. Creen que las decisiones de los magistrados obedecen «a la estricta aplicación de la ley», pero que la interpretación que realizan del Derecho suele estar más próxima al partido que propició su nombramiento. «Los planteamientos ideológicos son parecidos», advierte un jurista que, no obstante, reconoce que en los días antes de que el Constitucional debatiera sobre Bildu hubo «contactos» entre representantes del Gobierno y miembros de ese alto tribunal.

Precisamente este caso, el que ha permitido a la coalición que integran la izquierda 'abertzale' tradicional, EA y Alternatiba concurrir a los comicios de hoy, ha abierto la vieja herida que preside las relaciones entre Supremo y Constitucional. La mayoría de la Sala del 61 considera que el TC se ha «extralimitado» en su sentencia al haber «entrado a valorar» las pruebas con las que el Supremo había dejado fuera de las urnas a Bildu. «Hay un enfado notable -reconoce un juez del tribunal de inferior rango- porque han desbordado su ámbito competencial».

Entre el sector conservador de la carrera se entiende que el Constitucional ha «desautorizado a todo el Pleno del Supremo», con la gravedad que ello supone, y se ha «cargado la ley de partidos». «Estamos convencidos de que ya no va a servir nunca más porque las pruebas que había contra Bildu eran similares a las de anteriores procedimientos contra otras marcas».