El Movimiento 15M mantiene las acampadas pese a la prohibición de la Junta Electoral

La Junta Electoral Central (JEC) ha declarado ilegales todas las manifestaciones del llamado «Movimiento del 15-M» tanto en la jornada de reflexión como el día de la votación. La JEC ha decidido declarar «contrarias a la legislación electoral» aquellas concentraciones y reuniones» que se celebren entre las 00.00 horas del día 21 de mayo (jornada de reflexión) y durante el día de las votaciones.

Pese a ello, los portavoces del Movimiento 15M, desde ayer autodenominado 'Toma la plaza', acordaron continuar con las acampadas en toda España hasta las elecciones y celebrar mañana su concentración diaria, la de las ocho de la noche, aunque sea jornada de reflexión. Aseguraron que mantendrán su decisión pese a la prohibición de la Junta Electoral Central, que estuvo ayer reunida desde las cinco en el Congreso para determinar si la ocupación de la vía pública durante la campaña con una protesta de tintes políticos es legal o no y, sobre todo, si la ley permite que el colectivo pueda celebrar concentraciones el sábado, jornada de reflexión.

Todas las autoridades electorales y políticas del país están pendientes de conocer el criterio de la Junta para saber cómo actuar en los tres próximos días. Las juntas electorales provinciales esperan la unificación de doctrina porque el miércoles emitieron resoluciones divergentes en respuesta a la pregunta sobre si debían prohibirse o no las concentraciones diarias que realizan los acampados.

Los órganos de Madrid, Sevilla o Granada optaron por prohibir las protestas de los indignados porque entendían que vulneraban la ley al influir en la campaña electoral y, en el caso de la capital de España, porque además no habían solicitado la autorización administrativa para concentrarse en la Puerta del Sol con los diez días de antelación que exige la norma. En cambio, la junta de Valencia no vio problema alguno en permitir la concentración.

En similar indefinición estaban todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, que son las responsables directas del orden público y el órgano político que debe decidir si la Policía tiene que permitir o disolver las movilizaciones. La preocupación se extendía a todos los delegados porque para el jueves las acampadas ya eran una realidad en 64 ciudades de todas las comunidades.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó ayer por qué la Policía no actuó el miércoles. «La Policía está para resolver problemas, no para crearlos», señaló en su visita a Lorca. Dijo que las actuaciones policiales siempre tienen que ser «congruentes, oportunas y proporcionadas». Los dos principales sindicatos policiales, SUP y CEP, dieron la razón al ministro e indicaron que hubiese sido un «disparate» disolver por la fuerza una manifestación pacífica porque hubiesen causado «un daño mayor». No tienen duda de que se hubiesen registrado «incidentes y heridos».

El debate también se trasladó a los partidos. El PSOE, IU, BNG y UPyD se pronunciaron abiertamente por que las autoridades electorales permitiesen al Movimiento 15M continuar con sus acampadas hasta el domingo e, incluso, no pusieron peros en que realizase concentraciones en la jornada de reflexión. El matiz es que los socialistas aclararon que, en cualquier caso, acatarían, les gustase o no, la decisión de la Junta Electoral Central mientras que IU, según explicó su coordinador, Cayo Lara, llamó a la insumisión ciudadana si optaba por prohibir las protestas, ya que entiende que sería la declaración de «un estado de excepción encubierto». El PP prefirió no mojarse y se limitó a decir que respetará lo que dega la Junta.

Precedentes

Fueron varios los precedentes jurídicos manejados ayer por los partidos. Los favorables a permitir las protestas esgrimieron una sentencia de 2010 del Constitucional, que resolvió que el Tribunal Superior de Andalucía actuó de forma incorrecta en2008, cuando prohibió una manifestación por el Día de la Mujer en la jornada de reflexión de las elecciones generales. Señaló que «el derecho de reunión y manifestación debe prevalecer salvo que resulte suficientemente acreditado que la finalidad de la convocatoria sea la captación de votos». Añadió que para prohibir estos actos debe haber razones «fundadas y meritorias» del «carácter electoral de la manifestación» y que no vale alegar una influencia «indirecta».

Por el contrario, los críticos esgrimieron la resolución de la Junta Central dictada el 13 de marzo de 2004, para salir al paso de las concentraciones ante las sedes del PP de personas que acusaban al Gobierno de mentir sobre la autoría de los atentados del 11-M. El órgano señaló que eran contrarias a la ley electoral.