Los expropiados piden auxilio a las fuerzas del orden para parar el tranvía

Las promesas han vuelto a caer en saco roto y para los expropiados de la obra del tranvía se ha demostrado, una vez más, que el único interés de la Junta de Andalucía es el de acabar la actuación sea como sea. Un único encuentro para que pusieran sobre la mesa sus demandas económicas y punto. Ya no ha habido más llamadas, ni contraofertas, ni comunicados.

Amenazaron con volver a acudir a la Justicia para denunciar que Obras Públicas incumplía con el decreto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de paralizar los trabajos y tras varias semanas sin noticias, el abogado de los afectados, José Antonio Gamero, ha dado el siguiente paso y ha enviado un acta notarial con fotos que demuestran como la adjudicataria continúa en la zona, con una plantilla reducida pero desplegada principalmente en la zona del nuevo puente de la variante.

Es más, en el informe enviado a la Justicia el letrado solicita el auxilio «bien de los juzgados de la localidad o de las fuerzas de orden público, dada la falta de cumplimiento voluntario de la medida judicial». En otras palabras que desalojen a la empresa por la fuerza, de la misma manera que hace más de un año fueron ellos los que recibieron tales amenazas por parte de la Administración regional.

Lo cierto es que la obra está ya prácticamente finalizada a excepción de algunos detalles en la calle Real. El problema reside precisamente en el nuevo puente, un ramal necesario para llevar a cabo la reforma del puente Zuazo así como su peatonalización. Fomento ya mostró su disposición para llevar la a cabo, pero el problema es que el retraso no sirva más que para perder los futuros fondos ante la realidad económica del país.

Aunque en un principio no se sabía con certeza el alcance de la obra a la que afectaba el decreto, en el documento presentado el abogado habrá bien claro de todo el tramo que debe paralizarse, más allá de la calle Real. «La Junta no ha acatado la orden judicial de suspensión inmediata de la obra cuyo proyecto fue anulado y comprende desde el Caño Zurraque en término municipal de Chiclana, Puerto Real hasta el Puente Zuazo y desde este hasta la Rotonda de las Comunicaciones».

Pero, como ya han demostrado, los expropiados están dispuesto a llegar en este litigio hasta las últimas consecuencias, en especial Joaquín Moreno, el único que no firmó ningún acuerdo con la Junta. De hecho, el letrado abre la posibilidad de «pedir responsabilidades políticas o incluso de otro tipo contra la o las personas responsables de los departamentos de los que depende la obra de vulnerar la medida judicial, ya sea la Consejera de Obras Públicas Josefina Cruz y otros altos cargos políticos de la Junta, como el Delegado de Gobernación en Cádiz que para ir a su despacho todos los días ve como se está trabajando a destajo contraviniendo una orden judicial del alto tribunal».