La sombra de un pelotazo

El pasado día 10, la Fiscalía General de París abrió una investigación por abuso de autoridad relativa al papel que Christine Lagarde jugó en el arbitraje del litigio entre el Crédit Lyonnais y Bernard Tapie, amigo adinerado del presidente Nicolas Sarkozy, que se embolsó 210 millones de euros netos procedentes de las arcas públicas. La sombra que oscurece el futuro político de esta abogada de negocios data de hace 18 años, cuando este magnate, que llegó a ser ministro de Mitterrand y acabó en la cárcel por corrupción, se sintió perjudicado por la venta de de artículos Adidas por el Crédit Lyonnais, entonces controlado por el Estado.

Hasta 2005 la batalla entre Tapie y el banco se libró ante los tribunales ordinarios. El Consorcio de Realización (CDR), encargado de gestionar el pasivo de la entidad, parecía que iba a ganar el litigio pues el tribunal supremo galo había anulado una sentencia a favor del magnate por considerar que no podía reclamar una indemnización.

En 2007 se interrumpió el procedimiento de la justicia tradicional y se recurrió a un arbitraje, un mecanismo propio de contenciosos privados a pesar de que había dinero público en juego. En 2008 los tres árbitros designados por Lagarde condenaron al CDR a entregar a Tapie 285 millones de euros.

En abril, los socialistas pusieron una denuncia ante el fiscal general del Supremo por entender que se habían favorecido intereses particulares en detrimento del interés general. En respuesta al requerimiento, el fiscal ha ordenado una investigación a la Corte de Justicia de la República, única jurisdicción capaz de juzgar los delitos cometidos por ministros. La Fiscalía pone en entredicho la legalidad del arreglo ya que un texto del código civil prohíbe el arbitraje cuando los intereses del Estado están en juego. Además se interroga sobre la evaluación de las sumas concedidas a Tapie y la imparcialidad de los árbitros.

El semanario 'Le Canard Enchaîné' publica que Lagarde tomó en varias ocasiones decisiones contrarias a los dictámenes de los servicios ministeriales, según un informe confidencial del Tribunal de Cuentas. El documento señala que los representantes del Estado recibieron consignas escritas de la ministra para no recurrir el arbitraje pese a su colosal importe.

El abuso de poder, delito que amenaza a la ministra, está castigado con hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa en el código penal francés.