Tribuna

Osama Bin Laden ¿Antiterrorismo o guerra?

COMANDANTE DE CABALLERÍA, ABOGADO Y ECONOMISTA Actualizado: Guardar
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La precisa operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense, los NAVY SEALDS, que concluyó con la muerte de Osama Bin Laden en su reducto de la ciudad pakistaní de Abbottabad, ha suscitado razonables dudas sobre la legalidad de la misma. La única versión que conocemos, de momento, es la del Gobierno de los EE UU. Al ser una versión de parte, es muy probable que, al menos parcialmente, se separe de la realidad. Dos son los aspectos especialmente sensibles que hacen dudar de la legalidad de la acción militar contra Osama Bin Laden: la primera cuestión dudosa es que dicha acción se ha realizado en territorio paquistaní sin conocimiento ni autorización de su gobierno; la segunda, que deliberadamente se persiguiera su muerte, y no su captura;

Algunos juristas de reconocido prestigio han manifestado que EE UU debería haber propiciado que Pakistán detuviese y juzgase a Osama Bin Laden en dicho país, y que posteriormente, y tras el oportuno procedimiento de extradición a los EE UU, fuera allí juzgado y, en su caso, condenado por los crímenes que le pudieran imputarse. Añadimos nosotros, siempre dentro de los límites establecidos en el convenio de extradición entre Pakistán y EE UU. Dicho análisis, irreprochable desde el punto de vista de la legalidad española, sin embargo, adolece de importantes fallas. La primera y fundamental es la duda razonable del posible doble juego de Pakistán con respecto a Osama Bin Laden y Al-Qaida, duda que lleva a pensar a algunos analistas políticos y militares que Pakistán ocultaba y protegía a Osama Bin Laden. La segunda falla es la posibilidad de que aunque no fuera cierto lo anterior, a Pakistán por razones de política interior, no le interesase ser el país que detuviera y juzgase a Bin Laden. No hay que olvidar que la frontera política entre Pakistán y Afganistán, la línea Durand, es una delimitación artificial y arbitraria establecida por los británicos que divide a los pastunes en dos estados diferentes. La tercera, y no menos probable que la anterior, es que la decisión de capturar y juzgar a Bin Laden se terminase filtrando a grupos no deseados, y por ello, perjudicando la acción. Por ultimo, cabe la posibilidad que Pakistán haya preferido la solución a la americana, que le permite aparecer ante la opinión pública incluida la interior, como víctima de una agresión a su soberanía nacional, pero que sin embargo, le permite respirar aliviado por haberse quitado de encima un gran problema. Es más, no creo que estemos en condiciones de desechar que esta última posibilidad hubiera sido previamente pactada.

Pakistán no ha sufrido daños materiales y ningún pakistaní ha sido herido o lesionado. EE UU tiene derecho a su legítima defensa como cualquier otro estado, y entre una limitada violación del espacio aéreo y terrestre pakistaní y la seguridad nacional norteamericana, no creo que haya que ser un experto en derecho para comprender cual de los dos bienes jurídicos protegibles debe prevalecer. En Derecho cuando hay colisión entre dos valores, la cuestión se dirime haciendo prevalecer el valor superior, y no hay que olvidar que el principio de la territorialidad del derecho ha sufrido un duro golpe con el de justicia universal, aceptada, entre otras, por la legislación española.

En cuanto a la segunda cuestión, es decir, acerca de la legalidad de buscar intencionadamente la muerte de Osama Bin Laden, ésta seria jurídicamente rechazable si la operación hubiera sido simplemente policial en el marco de una investigación judicial. Sin embargo, si se considera una acción de guerra, el rechazo jurídico seria más discutible. Osama Bin Laden y Al-Qaida le habían declarado la guerra a EE UU, y a todo occidente, no habiéndose quedado reducido a una simple amenaza potencial, sino que el 11 de septiembre infligió daños de efectos devastadores jamás sufrido antes, por no recordar los atentados de Nairobi y Dar es Salaam. EE UU reaccionó poniendo toda su potente maquinaria militar al servicio de la lucha contra Al-Qaida. La acción de Abbottabad no ha sido dirigido ni por la fiscalía estadounidense en el curso de una investigación judicial, ni ha sido llevada a cabo por el FBI, sino que ha sido una operación militar diseñada por el Pentágono, ejecutada por los SEALDS y autorizada por el presidente Obama en ejercicio de sus constitucionales potestades militares y como Jefe Supremo de las FFAA,s. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó la necesidad de luchar 'con todos los medios', de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, como la de Al-Qaida. En este caso, las leyes de la guerra, el llamado 'Ius in Bello', podría resultar de aplicación. De acuerdo con ello, no seria reprochable atentar contra Bin Laden, de la misma manera que nadie en su sano juicio reprocharía la conducta ni calificaría de criminales de guerra al grupo de oficiales de la Wehrmacht, organizados y dirigidos por el coronel conde Claus von Stauffenberg, quienes, con riesgo de su propia vida, atentaron contra Hitler queriéndole provocar intencionadamente su muerte. De acuerdo con los Convenios de Ginebra, solo resultaría criminal la conducta de disparar a matar contra el enemigo que se rinde. No parece probable que Osama Bin Laden, una vez sorprendido en su guarida, hiciera inequívocos gestos de rendición, y si eso fue así, me temo que no lo sabremos jamás.