Sortu denuncia al Constitucional su «ilegalización preventiva»

Sortu recurrió ayer ante el Constitucional la decisión del Tribunal Supremo que el pasado marzo le dejó fuera de las elecciones de este domingo al negar la inscripción del partido en el registro del Ministerio del Interior por considerar que la formación era una sucesión fraudulenta de la ilegalizada Batasuna.

En su vasto alegato de 174 páginas, los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz denuncian que el que el veto a Sortu no fue más que una «ilegalización preventiva» porque, dado que era una formación de nuevo cuño, fue proscrita sin basarse en sus «actividades o conductas», solo en «juicios de intenciones» que, como dijo la propia corte, «pugnan groseramente con el régimen de libertad de creación de partidos garantizado por la Constitución».

El recurso de amparo de Sortu -que tardará meses, sino años en resolverse- denuncia la violación de «los derechos de asociación, creación de partidos políticos, libertad ideológica, libertad de expresión y participación política».

En su escrito, los letrados apelan a la reciente sentencia del Constitucional del 5 de mayo, en el que la corte, por un estrecho margen de seis votos contra cinco, rectificó al Supremo y dio luz verde a Bildu para concurrir a los comicios. «La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional», explica el escrito en una reproducción literal de uno de los párrafos del fallo sobre la coalición de Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes.

Sortu también hace hincapié en que es «inaceptable desde un punto de vista constitucional» que el Supremo en su sentencia obviara que el partido no nato rechazara en sus estatutos todo tipo de violencia, algo de «indudable trascendencia objetiva». Para los abogados del partido, esos estatutos son la «materialización de la ruptura con la estrategia de ETA y el rechazo al uso de la violencia como método para el logro de objetivos políticos» y son, a su vez, «un contraindicio de gran intensidad capaz de enervar la presunción de continuidad» de Batasuna.

«Contrapeso suficiente»

«La intensidad del rechazo a toda violencia y sus instrumentos que se recoge en los estatutos, exteriorizado sin figuras retóricas con respecto de ETA, ha de bastar para desvanecer cualquier presunción de connivencia con ella, o con organizaciones ilegalizadas, que pudiera reprocharse al nuevo partido político», insiste el recurso, en el que también se recogen argumentos del voto particular que firmaron los magistrados discrepantes del Supremo.

Iruin sostiene que los documentos presentados por las fuerzas de seguridad, y en los que la Fiscalía y Abogacía basaron sus impugnaciones, prueban lo contrario de lo que propugnan las acusaciones: que los políticos se «impusieron» a los terroristas y que «ha sido ETA quien ha ido a remolque de las decisiones de la izquierda 'abertzale'».

El recurso denuncia también la «omisión» interesada que el alto tribunal hizo de algunos de los documentos intervenidos a la banda armada, de la izquierda 'abertzale' y de Sortu.