Tres años de prisión a un supuesto maltratador para el que pedían 13

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a tres años de prisión a un joven de 21 años de Sanlúcar para el que la Fiscalía pedía 13 años por dos delitos de malos tratos, amenazas graves, otro contra la integridad moral y por encerrar en su casa supuestamente a su pareja. Sin embargo, finalmente, el tribunal de la Sección Tercera lo ha sentenciado por los delitos de maltrato ocasional y las amenazas, al no considerar probados los demás.

El condenado, Samuel E. N, ha permanecido en prisión preventiva desde agosto de 2010, después de que fuera detenido tras abofetear a su pareja, con la que vivía en Sanlúcar y compartía un hijo, después de tres años de relación. En aquella última pelea, recuerda la sentencia, también amenazó a su novia presuntamente diciéndole: «Te voy a cortar la lengua para que no hables, cuidado que me va a dar un punto y le meto fuego a la casa contigo dentro».

No era la primera vez que la golpeaba. Al menos así lo considera probado el tribunal, que relata cómo apenas un día antes, tras mantener una discusión, él la llegó a agarrar supuestamente por el cuello y «le propinó varios golpes en la cara».

Cuando se celebró el juicio, a finales del pasado mes de marzo, hacía por tanto menos de un año desde aquellos hechos. Como ya publicó La Voz, la pareja sentimental de este supuesto maltratador se negó a testificar contra él ante el tribunal, acogiéndose a su derecho a no declarar como 'familiar'. La Fiscalía, en un acto por salvar la situación y aportar alguna prueba, pidió que se leyeran las declaraciones que ella dio ante la Policía y el juzgado, casi inmediatas a los hechos. Pero no se le permitió y se quedó sin apenas pruebas, más allá del testimonio de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que la atendieron cuando, supuestamente, quedó encerrada en casa.

Renuncia

La renuncia a testificar es una circunstancia común en muchas mujeres víctimas de violencia machista, que mantienen un vínculo sentimental con sus supuestos verdugos o un miedo atroz hacia ellos (a veces mezclados) y es el motivo, según la última memoria de la Fiscalía, de la mitad de las sentencias absolutorias en este tipo de delitos.

En este caso, la condena se ha sostenido fundamentalmente en las pruebas de los peritos forenses que atendieron a la víctima y en los testimonios de los policías que acudieron a la vivienda de ambos, alertados por los vecinos que habían oído los gritos: según la sentencia, encontraron a la chica «llorando, ensangrentada, semidesnuda y cubierta con una sábana». La víctima le llegó a relatar a uno de los agentes que su pareja «la había atado a la cama, la había encerrado, la había obligado a desnudarse y había intentado cortarle la lengua con unas tenazas», además, presentaba cortes en el cuello y muchos moratones en la cara. También le había amenazado, siempre según la versión de los policías, de que la mataría si denunciaba. Como recuerda el tribunal, ninguno de los agentes fue testigo directo de la agresión, pero «sí prueban que aquella persona les contó voluntariamente un suceso» que coincide con los exámenes médicos. Por eso, en este caso particular se ha absuelto al supuesto maltratador de las supuestas vejaciones y del delito de secuestro, de los que no hay pruebas. Ninguno vecino de la pareja acudió a contar su versión de los hechos, a pesar de que fueron ellos los que alertaron a la Policía y algunos atendieron a la víctima antes de que llegaran los agentes.

Curiosamente, aunque el tribunal negó que se leyera lo que dijo la víctima durante la instrucción, ha utilizado como prueba fundamental el testimonio del acusado ante el juez que le tomó declaración por primera vez, y en el cual confesó los pocos hechos por los que ahora se le envía a prisión. La Audiencia, de hecho, ha dado «más credibilidad» a aquella confesión que a lo que el acusado dijo finalmente el día del juicio, donde no obstante reconoció que discutió con su pareja y que la llegó a amenazar. Además de la pena de cárcel, la Audiencia ha dictado contra Samuel E. N. una orden de alejamiento respecto a su pareja a menos de 200 metros durante cuatro años y cuatro meses. Pero no a indemnizarla. La sentencia es firme.