Un tribunal popular juzga desde hoy al yerno de los Tous

Homicidio o defensa propia. Un jurado popular, cuya composición definitiva llevó ayer más de cuatro horas de recursos y alegaciones, juzgará esta semana a Lluís Corominas, el jefe de seguridad y yerno del matrimonio Tous, por matar a tiros a uno de los presuntos asaltantes que en 2006 pretendían atracar la vivienda de los afamados joyeros catalanes. El jurado tiene ante sí la comprometida labor de determinar si el acusado, que estuvo en la cárcel 65 días y salió tras pagar una fianza de 150.000 euros, es culpable de homicidio o si actuó en legítima defensa.

Las cámaras de vigilancia de la casa de los joyeros, situada en Sant Fruitós del Bages (Barcelona), resultaron clave en esclarecer los hechos. Sobre las 18.45 horas del 9 de diciembre de 2006, el acusado recibió una llamada del vigilante de seguridad, quien le informó que había visto cómo dos intrusos entraban en el jardín de la casa de la familia y sospechaba que podían ser los mismos que tres días antes habían irrumpido en la finca. Poco después, el presunto homicida llegó con su coche. Las cámaras mostraron cómo Corominas salió de su turismo, con una pistola, se dirigió a un vehículo con dos hombres -desarmados, según se demostró después-, que podían estar relacionados con el asalto, y les disparó dos veces. Uno de los presuntos atracadores, Gazmend Sinani, fue alcanzado en la cabeza por uno de los tiros, lo que le provocó su muerte dos días después, mientras que el otro, Dulji K., esquivó la bala por apenas unos centímetros.

La Fiscalía reclama para Corominas, que se encargaba de coordinar la seguridad de la familia, 11 años por homicidio, si bien plantea que se tenga en cuenta como atenuante el hecho de que el acusado «actuó bajo la influencia de un estado nervioso» y «por el clima de inseguridad ciudadana que se respiraba aquellos días» por los asaltos a chalés en Cataluña y por la circunstancia de que el domicilio de sus suegros había sufrido otro intento de robo tres días antes. Además, la Fiscalía cree pertinente que se valore que el presunto homicida depositó en el juzgado 150.000 euros para indemnizar a la familia de la víctima. La acusación particular exige 14 años de cárcel porque considera que se le debe aplicar el agravante de abuso de autoridad, mientras que la defensa pide la absolución porque el acusado «actuó en defensa propia». Él, tal y como declaró ante el juez poco después de su detención, interpretó que iban armados. «Me vi muerto e instintivamente cogí mi pistola», dijo.