La alargada sombra del juez Torres

Nueva sesión del juicio por el caso Malaya. Ayer se retomó la vista oral del macroproceso que enjuicia su segundo bloque, el de blanqueo de capitales vinculado a varias operaciones y sociedades de Juan Antonio Roca, el principal imputado en la presunta trama de corrupción. Se retomaba uno de los juicios más mediáticos con la sombra siempre presente del juez instructor del proceso, Miguel Ángel Torres. En cada jornada hay continuas referencias (y críticas) al magistrado; pero ayer uno de los abogados fue más allá e incluso llegó a plantearse la posibilidad de pedir que el juez comparezca como testigo para aclarar algunas cuestiones de la investigación.

La propuesta la dejaba en el aire José Antonio Choclán, abogado defensor de Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, durante el interrogatorio a uno de los principales investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco). El letrado preguntaba por los indicios que llevaron a la policía a intervenir el teléfono de su defendido. El agente explicó que tenían indicios policiales como para pensar que su patrocinado «podía estar colaborando con el señor Roca en sus actividades».

En un momento de la comparecencia, el policía aseguró que la única forma de responder a las cuestiones planteadas por el abogado era «preguntando al señor magistrado instructor», a lo que el abogado respondió: «Entonces lo tengo que citar como testigo. Quizá nos reservamos -ante este hecho de nueva aparición ya lo estaba reflexionando- la posible proposición de la prueba testifical del señor magistrado instructor; en la medida en que se están refiriendo a determinados conocimientos privados e informaciones que no constan en la causa», trasladó a la sala. Justo después el presidente del Tribunal, José Godino, daba por finalizada la sesión que continúa hoy con el interrogatorio al mismo policía.

Críticas al proceso

Por su parte, el resto de las defensas preguntaron a este testigo y a su compañero (también de la Udyco) sobre los indicios de las diligencias, las fechas de las escuchas telefónicas y los registros cuestionando en todo momento la investigación que, a su parecer, comenzó antes de que existiera autorización judicial. Ambos funcionarios aseguraron que siempre actuaron bajo «requerimiento judicial». La abogada de Roca, Rocío Amigo,intentó poner contra las cuerdas al segundo funcionario en declarar al señalar discordancia de fechas entre las intervenciones telefónicas y la autorización pertinente. El agente dijo tajante que siempre se hacían «con amparo judicial».