570 símbolos franquistas fuera de circulación

Poco a poco, como un lento goteo, los símbolos franquistas han sido retirados de los espacios públicos estatales hasta su práctica desaparición. En solo dos años, ministerios, edificios oficiales, cuarteles y establecimientos militares han quitado 570 vestigios que exaltaban el golpe de Franco, la Guerra Civil o la dictadura. Con estas actuaciones, el Gobierno da casi por concluido este proceso en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. No obstante, la diligencia del Ejecutivo contrasta con la lenta aplicación de la norma en diputaciones, ayuntamientos e instituciones privadas, donde aún pervive la sombra del régimen anterior.

El órgano encargado de ordenar la retirada de estos vestigios es una comisión técnica del Ministerio de Cultura. El grupo trabaja desde abril de 2009 con la referencia de una base datos de símbolos existentes en dependencias de la Administración General del Estado. Dicha lista contiene 705 distintivos franquistas, entre estatuas, bustos, placas, emblemas, medallas o banderas.

De estos, la comisión ha analizado 684, está pendiente de ver 21 y ha concluido que deben ser retirados 570. El resto, 124, han sido 'indultados' por su significado arquitectónico, artístico o religioso y siempre que el lugar donde se encuentran sea Bien de Interés Cultural.

La mayoría de los símbolos franquistas se encontraban en el Ministerio de Defensa (410), que también ha modificado 11 denominaciones de acuartelamientos. Le siguen de lejos el Ministerio del Interior (52), Fomento (38), Asuntos Exteriores (21), Economía y Hacienda (10) y Justicia (7). El único vestigio hallado en el Tribunal de Cuentas, una placa redonda con el semblante de perfil del general Franco, fechada en 1965, también ha sido retirado.

El criterio mantenido por este grupo de expertos -formado por diez historiadores, dos catedráticos de Historia del Arte y dos arquitectos- con respecto a los símbolos recogidos es que, «por su interés histórico y por la calidad de algunas piezas», se trasladen a los depósitos de Cultura.

Los elementos más preciados se destinarán al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, mientras que a los vestigios más monumentales se les ha buscado una solución salomónica. Es el caso de las estatuas ecuestres de Franco de Valencia y Madrid, que descansan en un almacén del Ejército y en un centro municipal, respectivamente.

Águila de San Juan

Entre los símbolos retirados o sustituidos abundan sobre todo los escudos franquistas con el águila de San Juan, soporte del escudo de España en los modelos oficiales de 1938, 1945 y 1977, con diferentes formas, y que fue suprimido en 1981 tras aprobarse una ley que incorporó el emblema de la Corona a la bandera nacional. La comisión ha ordenado cambiar 81 escudos con el águila, cuyo origen se remonta a la heráldica de los Reyes Católicos, así como medio centenar de placas con el yugo y el haz de flechas.

Pero no en todos los casos la solución ha sido la retirada de estas piezas. Dado los problemas técnicos que entrañaba la sustitución de algunos escudos, como el de la Delegación Especial de Hacienda de Bilbao, se ha optado por retallar la cabeza, las alas y las garras del águila, así como el yugo y las flechas. De la misma forma, también se ha optado por mantener este escudo en el Palacio de Justicia de Albacete porque fue colocado en 1980, en plena etapa postconstitucional.

Más singulares son las decisiones tomadas con unos bajorrelieves de la fachada de la sede de la Inspección de Trabajo de Jaén. Se considera que son más bien decorativos y no exaltan al anterior régimen, salvo una placa en la que aparece un martillo y una espiga, distintivo del Sindicato Vertical franquista, que se acordó ocultar tras una pancarta dado que no era posible retirarla.

En la sede de la Inspección de Trabajo de Logroño se aprobó recoger tres banderas carlistas y entregárselas al Museo del Ejército; en la embajada de España en Viena se retiraron de la circulación tres bandejas de plata con el escudo preconstitucional y en la legación de Bruselas una cubertería de plata de 947 piezas con simbología franquista.

La diligencia del Gobierno para eliminar esta simbología contrasta con la lenta aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en ayuntamientos e instituciones privadas. El letrado Fernando Magán sostiene que el Gobierno podría estudiar a través de la Abogacía del Estado que las administraciones locales apliquen la ley con la misma celeridad.