GIBRALTAR CON EL AGUA AL CUELLO

Mientras la opinión pública internacional temía -no sin razón-que la ejecución sumaria de Osama Bin Laden, a manos de los SEAL, provocara una ola de atentados, España y Gran Bretaña jugaban esta semana de nuevo al gato y al ratón en la Bahía de Algeciras o en Gibraltar Bay, según la nomenclatura distinta que rige las cartas marinas en uno y en otro idioma.

A mediodía del martes, cuando las alertas por riesgo debían estar activadas tanto en la Base del Peñón como en la de Rota, el Gobierno de Peter Caruana denunció que una patrullera de la Armada española -la P74 Atalaya- había dirigido un mensaje de radio por VHF ordenando a un mercante alejarse de la zona marítima al carecer de permiso para fondear en aguas que nuestro país considera propias. Los responsables portuarios de la Roca reportaron de inmediato una comunicación bien distinta a los buques que permanecían a dos millas como máximo de la costa gibraltareña: «Estáis fondeados en aguas territoriales británicas de Gibraltar y la patrullera española P74 no tiene jurisdicción sobre dichas aguas, por favor mantengan el fondeo». La incursion de la patrullera fue monotorizada por el ejército británico que envió a una lancha fueraborda para interceptarla, mientras tenía preparada la intervención de otras dos unidades de mayor envergadura, HMS Scimitar y HMS Sabre, aunque no fue necesaria su participación en tan pintoresco juego.

No es la primera vez que ocurre un incidente similar, aunque lo extraño es que sea una patrullera de la Marina de Guerra española la que se vea envuelta en este tipo de acontecimientos: lo habitual, por lo común curiosamente entre los meses de abril y junio, es que sean embarcaciones de la Guardia Civil las que protagonicen roces con las patrulleras gibraltareñas, como ocurriese hace un par de semanas durante una persecución a unos narcotraficantes.

Si España considera suyas esas aguas, ¿por qué no las reclama formalmente ante los organismos internacionales? Quizá porque formen parte del conjunto del contencioso hispanobritánico sobre la soberanía de Gibraltar, a partir del Tratado de Utrecht de 1713. Hace doscientos años, no existía el concepto de aguas jurisdiccionales por lo que no pudo establecerse criterio alguno al respecto en dicho documento que, hoy por hoy, es el que sigue rigiendo las relaciones de ambos países en torno a la colonia británica.

Andando el tiempo, se reconoce tácitamente la existencia de aguas de Gibraltar, aunque de manera oficial no se acepte de forma explícita. Si España reclamase ante Naciones Unidas por ejemplo que se deje al Peñón sin aguas, es posible que las carcajadas llegasen hasta el otro extremo de la isla de Manhattan porque vendría a contravenir el actual consenso sobre derecho marítimo.

En todo caso, el dejar las cosas como están, en esa suerte de limbo, le sirve al Gobierno español para usar a su antojo ese vacío legal y propiciar intervenciones como la que protagonizó la patrullera militar, a no ser que se tratase de una aventura personal del capitán de la misma, lo que tampoco cabe descartar de antemano. Claro que, a senso contrario, esta disputa sobre las aguas beneficia al puerto de Gibraltar frente al de Algeciras, ya que a los buques que fondean en el supuesto perímetro yanito no se le aplican las tasas que gravan el recinto portuario algecireño, lo que supone un claro supuesto de competencia desleal.

El caso es que los gibraltareños hablan de invasión provocativa e ilegal y el gaditano Luis García Garrido, a la sazón delegado del Gobierno en Andalucía, dice que nada de nada, que la Armada discurre habitual y tradicionalmente por dicho corredor marino y que hacía su trabajo ordinario. El Ministerio de Defensa también entendía que la actuación de la P74 Atalaya «se produjo en aguas de soberanía española y con respeto a la legalidad internacional». En cambio, un portavoz del número 6 de Convent Place, sede del Gobierno gibraltareño, aseguraba que se trataba del «más serio y directo desafío» a la soberanía británica y que el Reino Unido no puede permitirlo.

Lo curioso es que el mismo día en que trascendía este nuevo rifirrafe, en sede parlamentaria, el Partido Popular acusaba al Gobierno de ponerse de rodillas ante Gibraltar y el Reino Unido, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, insistía en que no había claudicación alguna.

¿Guardará relación todo esto con un intento de dinamitar el foro tripartito por el que, desde hace varios años, España, Gran Bretaña y Gibraltar se sientan para resolver asuntos cotidianos de esa rara frontera, sin que en ningún momento se aborden cuestiones relativas al contencioso sobre la soberanía del Peñón? Al Partido Popular no le gusta nada esta iniciativa que aceptó en su día Miguel Angel Moratinos. Y en concreto el diputado José Ignacio Calleja que podría ganar limpiamente la alcaldía de Algeciras el próximo 22 de mayo ha manifestado constantemente sus reproches al respecto. Pero es que dentro del PSOE también podría existir un sector interesado en explotar las tensiones con Gibraltar en clave electoralista. Desde Gibraltar, se dice que es un mito que sean las autoridades locales las que vienen demorando la convocatoria de dicho foro y que, a pesar de los pesares, están dispuestas a sentarse para dialogar, siempre y cuando el deseo de cooperación real sea creíble y terminen las hazañas bélicas. Por eso Peter Caruana y Bernardino Leon tomaron cafe esta semana como viejos amigos.